Pueden parecer dictámenes opuestos. Se rebaten argumentos y se cuestionan determinadas premisas pero, en el fondo, el informe de los catedráticos Luciano Parejo y Tomás Ramón Fernández coinciden en la esencia. El último, ...
Pueden parecer dictámenes opuestos. Se rebaten argumentos y se cuestionan determinadas premisas pero, en el fondo, el informe de los catedráticos Luciano Parejo y Tomás Ramón Fernández coinciden en la esencia. El último, encargado por la Fundación César Manrique, lo dice con todas las letras. El anterior, encargado y asumido por el grupo de gobierno del Cabildo, lo deja de relieve sin decirlo. Y es que por más vueltas que se le quiera dar, la situación de los hoteles ilegales de Lanzarote es muy sencilla: con la ley en la mano, ninguno de los establecimientos con licencias anuladas por la Justicia podría legalizarse a día de hoy.
Sería bueno pensar que a eso se refería el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, cuando el pasado lunes, volvió a aprovechar la celebración del Día Internacional del Turismo para mandar un breve mensaje sobre este tema. Si en 2010 afirmó que los responsables públicos debían "estar orgullosos de nuestro tejido empresarial y no demonizarle", esta vez anunció que en los próximos meses espera aprobar el nuevo Plan Insular y el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo, "entre otros", "para terminar con muchos falsos debates instalados en esta isla y abrir una puerta a la esperanza".
Lo dicho: sería bueno pensar que de una vez por todas, se va a cerrar el "falso debate" de que a los hoteles sólo les faltaba un papelito. Y es que la mentira es tan evidente, que a estas alturas resulta hasta absurda.
"Las actuaciones ejecutadas resultan sencillamente ilegalizables; porque si no, en otro caso, no se entienden las propias idas y vueltas que ha dado este asunto". Eso es lo que sostiene el catedrático Tomás Ramón Fernández en su dictamen, y precisamente es ahí donde coincide con Parejo.
Cada uno lo plantea a su manera, pero la conclusión es la misma. Aunque Luciano Parejo elimina toda crudeza en su diagnóstico, en definitiva viene a decir lo mismo. Y es que su propuesta de suspender el planeamiento en vigor, es decir, el Plan Insular y los planes de ordenación de los municipios afectados, y crear unas normas transitorias para poder dar cobijo legal a los hoteles, supone reconocer que actualmente son ilegalizables, y que si no tenían papelitos (informes de compatibilidad con el PIOT) no es por un despiste, ni porque se olvidaron de pedirlos, ni porque entendían que no eran necesarios. No los tienen porque no pueden tenerlos. No los tienen porque no cumplen la ley en vigor.
Una vez que está claro este punto, el siguiente también está claro: nadie, ni siquiera el más recalcitrante ecologista de la isla, está pensando en tirar una treintena de hoteles al suelo. Insinuar eso sí es crear "falsos debates". Porque igual que es evidente la atrocidad urbanística que se ha cometido en la isla, de la mano de determinados alcaldes y empresarios (entre otros "colaboradores"), también es evidente que hay que buscarle una solución al problema. Pero la cuestión es cómo y a cambio de qué, estudiando pormenorizadamente las diferencias y la gravedad de cada caso. Ése sería el único debate que debería estar sobre la mesa.
La controversia sobre cuál es la fórmula más segura o más acorde a la ley deberán resolverla los juristas, y en última instancia el Juzgado, pero el resto, concierne directamente a toda la sociedad. Porque si lo que se va a hacer es dar cobertura a hechos consumados, bien con cambios puntuales en el ordenamiento, con una iniciativa legislativa, con normas transitorias o aprovechando la aprobación del nuevo Plan Insular y los planes generales de Yaiza y Teguise (es decir, cambiando las reglas del juego), tendrá que quedar muy claro cómo resarcir a la sociedad. Lo contrario, sería premiar al infractor y sentar un peligroso precedente.
En el contexto actual, la crisis se ha convertido en una especie de escudo para los afectados. "¿Cómo van a cerrar mi hotel y mandar a mis empleados a la calle?" "¿Cómo van a frenar la inversión, con todo el bien que yo hago por la isla?" Sin duda, una mezquina forma de darle la vuelta a la realidad.
La realidad es que precisamente esos empresarios son los que han ayudado a que la crisis se haya notado con más fuerza en Lanzarote. Los que crearon una economía falsa. Los que atrajeron mano de obra a la isla. Los que saturaron el mercado de camas que ahora no pueden llenar. Los que dejaron que sus anteriores hoteles se fueran quedando viejos y obsoletos mientras construían otros nuevos. Los que han contribuido a que ahora, tal como reconoce la propia patronal, se estén teniendo que ofrecer precios cada vez más bajos al cliente, para poder mantener la ocupación. Los que trabajan con mucho menos personal del que necesitarían para ofrecer un servicio de calidad, mientras nos siguen contando la milonga de que buscan turistas de calidad.
Puede que a base de repetirlo hasta se lo hayan creído, pero no son los salvadores de Lanzarote. Lo que han hecho es exprimir la isla, gracias a muchos cooperadores necesarios. Y aunque algunos políticos a veces parecen olvidarlo, no hay que perder de vista que este tema también se está investigando en la vía penal, y que hay empresarios acusados de haber pagado sobornos a cambio de obtener esas licencias ilegales.
Por eso, en el plano administrativo, una cosa es que ahora toque "tragar" sus hechos consumados, y otra que les pueda salir gratis, o demasiado barato. Como mínimo, la compensación tendría que ser mayor que el beneficio que han obtenido. Por un lado, para resarcir a la sociedad. Por otro, por simple justicia. Entre otras cosas, porque sería un agravio para muchos empresarios que, durante este tiempo, sí han cumplido con la ley y han intentado hacer las cosas bien.
¿Es eso en lo que está trabajando el Cabildo? Los pasos que se están dando, y de los que no han informado en lo que va de legislatura, ¿van realmente en esa dirección? Sea cual sea la respuesta, sería importante que se aclarara cuanto antes, porque ésa es la única forma de abrir "una puerta a la esperanza". Pero no para los de siempre, sino para el conjunto de la sociedad.
