De aquellos barros, estos lodos. Tan simple como eso. Tan grave como eso. Lanzarote está empezando a recoger los amargos frutos de no haber hecho lo que se debía desde las instituciones. Es decir, ser escrupulosos con el ...
De aquellos barros, estos lodos. Tan simple como eso. Tan grave como eso. Lanzarote está empezando a recoger los amargos frutos de no haber hecho lo que se debía desde las instituciones. Es decir, ser escrupulosos con el cumplimiento de la ley. El problema es que ahora, las consecuencias de esos actos van a afectar a toda la isla.
Uno de los ejemplos acaba de llegar ahora, con el aparcamiento Islas Canarias. En realidad, la sentencia que lo declaró ilegal se conoce desde hace años, pero tras el ultimátum que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Ayuntamiento se ha visto obligado a hacer frente a un problema que se ha venido dejando a un lado, como si fuera a desaparecer. Pero sigue ahí, y ahora más vivo que nunca, dado que durante años, los responsables municipales no han buscado una solución.
Desgraciadamente, los principales perjudicados si se tiene que llegar al derribo, o simplemente al cierre que va a acordar inicialmente el Ayuntamiento, van a ser los vecinos de Arrecife. Primero, por el problema de aparcamientos que se ha generado en esta ciudad, agravado ahora con las obras del carril bici en la avenida de El Reducto. Pero sobre todo, por la millonaria cifra que tendría que pagar el Consistorio, es decir, todos los vecinos de la capital, tanto por el derribo en sí como por la indemnización a los propietarios.
Por eso, es inevitable que el Ayuntamiento busque una solución para evitar medidas drásticas. Y también es inevitable que muchos ciudadanos no entiendan que se tenga que echar abajo esa obra, y menos aún si va a suponer un gasto millonario para las arcas municipales.
No es éste el único ejemplo de las nefastas consecuencias que ha tenido el asesoramiento de los creadores de la teoría del "falta un papelito". La quintaesencia del mal hacer de estos juristas temerarios se dio en Yaiza, donde se intentó crear una maraña para justificar la concesión de licencias legales.
Esta misma semana, en el juicio celebrado contra el promotor Miguel Morales, el acusado llegó a decir que cambió de defensa en esta causa porque su abogada (Juana Fernández de las Heras, hija y compañera de despacho de Felipe Fernández Camero), le estaba "metiendo en un lío". Y lo explicó poco después de afirmar que si construyó tres naves, una planta de hormigón y una machacadora en suelo rústico y sin licencia en Arrecife fue porque "sus asesores" le dijeron que podía hacerlo.
Aunque no quiso ponerles nombre, sería bueno que quedara claro. ¿Quién le dice a un empresario que levante unas instalaciones de 2.000 metros en suelo protegido y sin licencia, que no hay problema? ¿Quién le dijo a María Isabel Déniz que, pese a la polémica que levantó en su momento, e incluso a las advertencias de llevar el tema a los tribunales, siguiera adelante con la construcción del aparcamiento Islas Canarias? ¿Quién le decía en su momento al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que diera licencias a destajo, a pesar de que los tribunales han demostrado que no cumplían con la ley?
Mientras algunos de estos temas se dirimen en la vía penal, con los primeros juicios que ya han comenzado y otros muchos que aún están pendientes, a quien han metido en un auténtico "lío" los responsables de todo esto es a la isla en su conjunto.
Y lo peor es que ahora, pretenden responsabilizar de ello a los jueces, a los fiscales, a los denunciantes y hasta al Espíritu Santo si es necesario, y encima ponen como escudo a los trabajadores, que obviamente también se han convertido en víctimas de esta situación. Pero no víctimas de la Justicia, sino de la injusticia que cometieron en su día determinados empresarios, determinados políticos y determinados "asesores".
