La convocatoria de manifestaciones en las Islas para el próximo 20 de abril constituye un toque de atención ciudadana sobre el actual modelo turístico y sus disfunciones. No tienen necesariamente que suponer un acto de aliento a la turismofobia que se viene produciendo en numerosos destinos turísticos saturados en distintas partes del mundo. Esta se alimenta cuando el turismo no es sostenible, cuando deteriora el territorio y el medio ambiente, cuando influye en incrementar las dificultades en el acceso a la vivienda de la población local, cuando desplaza a los residentes de sus barrios y acaba con su pequeño comercio, cuando no impacta lo suficiente en el bienestar de la mayoría… Cuando desde los gobiernos se mira para otro lado y no se afrontan las distorsiones de una industria que es y seguirá siendo fundamental para esta tierra y para sus habitantes.
No es la primera vez que Canarias lleva a cabo un debate de estas características. Un debate que debe implicar una amplia reflexión colectiva y la correspondiente toma de decisiones. Lo hicimos en el Gobierno de Canarias que tuve el honor de presidir entre los años 1999 y 2003. A comienzos de este siglo la sociedad canaria debatió intensamente sobre el turismo, su presente y futuro. Con la participación de los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, los cabildos y ayuntamientos, las universidades, los movimientos ecologistas, los colegios profesionales…
Un proceso que arrancó con la Ley 6/2001 de medidas urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, más conocida como moratoria turística -que desclasificó 400.000 camas, entre ellas las 20.000 de Veneguera, cuya protección quedó definitivamente blindada en la ley 6/2003 de declaración del barranco de Veneguera como espacio natural protegido- y que culminó con la aprobación de las directrices de ordenación del Turismo en 2003, por unanimidad del Parlamento de Canarias. Una moratoria, la de principios de este siglo, perfectamente articulada en sus aspectos jurídicos, que no costó ni un euro a las arcas públicas canarias: todas las demandas presentadas fueron falladas en los tribunales favorablemente al Gobierno.
Lo que las directrices planteaban continúa siendo plenamente válido: la renuncia a más ocupación de territorio, apostando por la renovación de la planta alojativa obsoleta; la actualización y mejora de las ciudades turísticas; la diversificación y la cualificación de la oferta; o la imprescindible formación permanente del personal. La ley de las directrices incluía, asimismo, limitaciones al crecimiento turístico, condicionado a criterios de calidad. Como ven, coinciden con muchas de las propuestas que se plantean hoy. Lamentablemente las directrices fueron derogadas, de facto, por gobiernos posteriores. Lo que, sin duda, ha contribuido a que hoy se repitan algunos problemas del pasado y se reabra el debate.
Avances y distorsiones
¿Qué ha pasado desde entonces? Un conjunto de elementos positivos y negativos. Positivo es, desde luego, el notable incremento de la calidad de la planta alojativa. También el mayor peso de empresarios canarios en el sector. El aumento en el gasto en destino que se viene produciendo los últimos años. La mejor formación de muchos de sus profesionales. Mejores condiciones laborales, aunque hay que seguir avanzando. Una mayor cualificación y diversificación de la oferta: gastronómica, cultural, deportiva… conjunto de factores que nos permiten ser un sólido referente mundial en materia turística.
Pero, como cualquier sector económico, el turismo supone distorsiones. Las tienen también la agricultura, la ganadería o la industria; en los aspectos territoriales y en los medioambientales. En el caso del turismo destacan las que suponen el impacto de 16 millones de visitantes anuales y, asimismo, del importante crecimiento poblacional (más de 560.000 personas en lo que va de siglo), sustentado fundamentalmente en el efecto llamada de la economía canaria y su modelo de crecimiento.
Un incremento de visitantes y residentes que supone más demandas en infraestructuras sanitarias y educativas. Mayor consumo energético y de agua. Más necesidades en la depuración de aguas y en el tratamiento de residuos. Más dificultades en la movilidad con permanentes colapsos en las carreteras. Más problemas de acceso a la vivienda.
En Lanzarote, que inició las peticiones de moratoria hace más de 30 años, carece de planeamiento insular desde 1991 y continúa dando licencias para nuevos hoteles. Los que, como ATI-CC en Tenerife, han gobernado la isla desde hace cuarenta años, impulsando un crecimiento sin freno, empeñados en seguir batiendo récords numéricos de turistas, contribuyen objetivamente a que se haya llegado a una situación límite; situándose en emergencia eléctrica, hídrica, habitacional o de movilidad. Y lejos de rectificar se empeñan en nuevos macro proyectos e infraestructuras que colmatan aún más la isla: Cuna del Alma, El Mojón, Fonsalía…. Hasta el infinito y más allá.
Como señalaba al principio no hay que demonizar a quienes desde la ciudadanía pretenden debatir sobre nuestro modelo de desarrollo y, específicamente, sobre el turismo y su impacto medioambiental, territorial y social; reclamando legítimamente algo que no se está dando en el marco de las instituciones. Tampoco responsabilizar de todo lo que pasa al conjunto del empresariado ni culpar a quienes nos visitan.
En mi opinión, no es deseable la turismofobia ni la nostalgia injustificada de un pasado pre turístico que era bastante peor, con mucha mayor pobreza y cíclicas migraciones de decenas de miles de canarios hacia otros países. Tampoco lo es el inmovilismo, la negativa a afrontar cambios que resultan imprescindibles para que el turismo continúe jugando su fundamental papel y sea cada día más útil al conjunto de la sociedad canaria.
Acuerdo Canario sobre Turismo
Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) hemos propuesto alcanzar un gran Acuerdo Canario por un Turismo Sostenible, que defina las líneas maestras del desarrollo del sector en las próximas décadas. Fue un elemento central de nuestro programa electoral en mayo de 2023. Nos parece imprescindible tomar decisiones para su sostenibilidad con el más riguroso análisis previo y con el mayor consenso social posible. Con el aval del Ejecutivo canario, de los grupos parlamentarios, de las corporaciones insulares y locales, de los empresarios y sindicatos y de los colectivos ecologistas, así como de las universidades canarias.
Abordando asuntos como rehabilitación de las ciudades turísticas, modernización y renovación de la planta alojativa, parámetros de calidad, formación y empleo, descarbonización y digitalización del sector. A los que podría contribuir una ecotasa de carácter finalista consensuada y con amplio respaldo, cuya recaudación se invierta en la rehabilitación de las infraestructuras públicas y la preservación de los recursos naturales; pero siendo conscientes de que una tasa, como ocurre en otros lugares, no limita el número de visitantes. Valorando, asimismo, una moratoria insularizada en el sector que, necesariamente, debería tener en cuenta la situación y la capacidad de carga de cada territorio.
También consideramos que es preciso legislar adecuadamente sobre el alquiler vacacional, que ya supone más de un tercio de la oferta alojativa. Diferenciando entre pequeños y grandes tenedores, lo que permitiría regular la actividad y evitar que las zonas residenciales se vuelvan turísticas. Para ello es necesaria una moratoria en este ámbito si se quiere que la nueva norma pueda ser eficaz. Asimismo, se hace preciso intervenir sobre la compra de viviendas por extranjeros no arraigados en las Islas, que está sirviendo para fomentar la más pura y dura especulación.
