Ya está aquí. Por fin una regulación para que todas las Administraciones Públicas y quienes trabajamos para los ciudadanos a través de ellas, se rijan por el principio de transparencia y rigor en la gestión de los recursos ...
Ya está aquí. Por fin una regulación para que todas las Administraciones Públicas y quienes trabajamos para los ciudadanos a través de ellas, se rijan por el principio de transparencia y rigor en la gestión de los recursos públicos. Parece una evidencia, dirían algunos. Y lo comparto.
Recientemente el Consejo de Ministros aprobaba el anhelado Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Un compromiso electoral del Partido Popular que ve la luz gracias a la determinación del Gobierno y de quienes lo apoyamos desde el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales. Sehace en un momento crucial, en el que los ciudadanos, notablemente condicionados por la peor crisis económica en la historia reciente de nuestro país, asisten atónitos al baile de noticias sobre despilfarros varios de quienes hasta ahora, exhibían gloriosos sus anónimas miserias, lucrándose "presuntamente", o lo que es peor si cabe, arruinando e hipotecando, las instituciones que un día "juraron" o "prometieron" dignificar con su trabajo.
La Ley fijará, también por primera vez en nuestro país, los sueldos de los cargos municipales que no responderán a ninguna iniciativa personal, como ha ocurrido en algunos casos, sino al tamaño de la propia corporación local, entre otros factores.
La transparencia ha sido el principio inspirador para el Gobierno del Partido Popular. Se acabó la impunidad escondida tras la delegación de competencias. Se acabaron los cortijos. A partir de ahora, será la Ley y nuestro Estado de Derecho, quien marque los principios éticos y de actuación de las Administraciones Públicas. Sentido común, ética y moral, apuntan algunos. Así es pero, frente a la picaresca, Ley para todos.
La reforma del Código Penal hará que ya no salga rentable infringir la Ley, si alguna vez lo fue. Ser un nefasto gestor o un chorizo, tendrá consecuencias personales y penales sobre los responsables políticos e infracciones, como la ocultación de datos contables, conllevarán además de su inmediata destitución, multas e inhabilitación de sus cargos.
Para finalizar, no podía elaborarse una Ley de esta entidad sin abordar la financiación de los partidos políticos, y que nunca antes un Gobierno había tenido el interés, o la valentía suficientes de regular, amparándose en excusas tan banales como que "al ser entidades privadas, no tenían obligación de publicar sus cuentas?". Pues a partir de ahora, lo harán porque no puede haber distinciones en el uso del dinero público. Dinero, dicho sea de paso, que no sólo reciben los partidos políticos. También patronales y sindicatos tendrán que publicar sus movimientos financieros con total nitidez, cosa que ya hacemos en las Cortes Generales y que habrá de extenderse a todo aquel, sea persona física o jurídica, que reciba dinero público por realizar su labor.
Una dura tarea, sin duda. Imposible hacer más en tan poco tiempo. ¿Y mejor?. Todo es mejorable, pero eso lo dejo a criterio del lector. Lo que nadie pone en duda a estas alturas, es que cuando todos apostaban por una intervención, solo la firmeza y determinación del Gobierno, junto al sacrificio y el esfuerzo realizado por los ciudadanos de este gran país que se llama España, han sido capaces de alejar la amenaza del desastre.
Es el momento de prepararse para la recuperación. Se han sentado los cimientos y superado los graves desequilibrios de nuestra economía, recuperado la confianza como país serio y responsable, y evidenciado que un Gobierno del Partido Popular no permitirá privilegios en la administración y en el tributo del dinero de todos los ciudadanos. Y es que no hay nada como predicar con el ejemplo.
*Oscar Luzardo, senador por Lanzarote.
