No ha ocupado cargos públicos ni es un poderoso empresario urbanístico, pero Felipe Fernández Camero ha estado vinculado a los grandes negocios que se han gestado en las últimas décadas en Lanzarote, casi siempre ligados al mismo ...
No ha ocupado cargos públicos ni es un poderoso empresario urbanístico, pero Felipe Fernández Camero ha estado vinculado a los grandes negocios que se han gestado en las últimas décadas en Lanzarote, casi siempre ligados al mismo empresario, Juan Francisco Rosa, también imputado en la causa, desde el tristemente famoso caso del Hotel Fariones Playa a finales de los años ochenta (edificado sobre la arena de la playa de Puerto del Carmen) hasta el sangrante caso del Hotel Papagayo Arenas, alzado sobre la cala de Las Coloradas hace apenas unos años, pasando por el campo de Golf de Tías o la treintena de hoteles ilegales que a finales de los años noventa obtuvieron licencias "express" del Ayuntamiento de Yaiza, del que constituye paradigmático ejemplo el Hotel Princesa Yaiza.
Por eso, y aunque ya tenía otras imputaciones a sus espaldas (que siempre ha tratado de enmascarar), su detención en el marco del caso "Unión" cobra una especial trascendencia. Las dos grandes causas abiertas contra la corrupción en la isla, en los Juzgados de Instrucción Número 2 y Número 5 de Arrecife, habían puesto contra las cuerdas a muchos políticos y empresarios, poniendo fin a demasiados años de impunidad, pero ahora, se vuelve a dar un salto trascendental, al terminar también con la figura de los supuestos "intocables".
La caída de José Francisco Reyes o la de de María Isabel Déniz eran sólo la punta de un gigante iceberg de presunta corrupción, en el que los verdaderos protagonistas se mantenían en la sombra. Por eso, determinar quién estaba detrás y quién ponía el cerebro a esos "negocios" era esencial para llegar al fondo de lo sucedido, y también para soñar con una nueva Lanzarote.
Algunos, entre los que se incluye el propio Felipe Fernández Camero, así como el abogado Ignacio Díaz de Aguilar, y algunos de sus nuevos títeres, llevan meses en una embestida sin precedentes contra todo aquel que intente poner de relieve las cuestionables relaciones que durante años han unido y siguen uniendo en la isla a determinados políticos y empresarios. Incluso, han cargado en este ataque contra las personas que, desde los estamentos judiciales, han actuado sin que les temblara el pulso y han conseguido que Lanzarote empiece a creer en la Justicia.
Ahora, conforme se ve cómo avanzan tanto el caso que investiga la presunta trama para la concesión de licencias ilegales, como el caso "Unión", cada vez se entiende mejor el nerviosismo de determinadas personas.
De momento, siguen sin estar todos los que son, y aún habrá que probar la culpabilidad de los que sí están, pero la detención de Felipe Fernández Camero tiene mucha más trascendencia de la que pueda parecer, y desde luego la habrá tenido para todos los políticos y grandes empresarios tras los que ha estado durante años.
Su arresto en "Unión" pone de relieve que no sólo ha estado íntimamente ligado a la presunta corrupción urbanística de Playa Blanca, a través de su simultánea vinculación con el Ayuntamiento de Yaiza y los grandes promotores, sino también de la de Arrecife, en la polémica gestión de María Isabel Déniz.
Como a cualquier imputado, sin duda a Felipe Fernández Camero también le asiste en este caso la presunción de inocencia, y habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario y a que llegue el juicio para conocer la contundencia de las pruebas que se hayan encontrado en su contra. Sin embargo, lo que ya es incuestionable desde hace tiempo es que en las últimas décadas, Camero ha sido el gran defensor de la ilegalidad urbanística en la isla.
Hasta ahora, los juicios se habían desarrollado en la vía administrativa, y habían terminado con decenas de sentencias declarando ilegales hoteles, aparcamientos, planes parciales y otros tantos temas tras los que ha estado la figura de Fernández Camero. Y aunque sólo sea por el caos que eso ha dejado como triste herencia a la isla, era fundamental que todo ello se investigara también desde el ámbito penal, como está sucediendo ahora.
Además, a esto hay que sumar una sentencia que esta semana hacía pública La Voz de Lanzarote, y que sin duda ha sido un motivo de celebración para todos los ciudadanos de esta isla que no tienen intereses en la especulación urbanística. El Juzgado de Instrucción Número 7 ha condenado a tres promotoras del Plan Parcial Playa Blanca (una de ellas de Federico Díaz de Aguilar) a devolver a unos compradores el dinero que entregaron por su vivienda, y a pagar los intereses y las costas del juicio. Y es que el juez considera probado que las empresas actuaron con "mala fe" y engañaron a los compradores, al ocultarles que el Plan Parcial estaba inmerso en varios procesos judiciales y corría riesgo de terminar siendo declarado ilegal, como finalmente sucedió.
La sentencia, que podría ser la primera de muchas en el mismo sentido, supone no sólo un alivio para todos aquellos que se han sentido estafados al comprar esas casas, sino también un motivo de satisfacción al comprobar que los empresarios no pueden hacer lo que quieran. Sin duda, ésta ha sido una semana grande para la Justicia en la isla.
