Una política basada en falsas promesas y el ofrecimiento selectivo de garantías, para reunir respaldos económicos, falseando el concepto de "interés general" no se puede permitir que se perpetúe cuatro años.
No es un problema un sistema electoral que prevea elecciones cada cuatro años por este hecho, lo que es un problema real es que en los espacios intermedios entre elecciones y elecciones los ciudadanos queden indefensos, ignorados, y los políticos electos legalmente protegidos y aforados ante casi cualquier situación.
En la legislación vigente en este País la falta de ética o moral no es delito. Por lo que cualquier político electo o partido puede actuar de forma totalmente contraria a lo que prometió en elecciones, aun habiendo dejado su propuesta por escrito. Sin embargo, los delitos políticos reconocidos como tales tampoco tienen fuerza para cesar a los imputados, donde volvemos a ver otra falta de ética o moral típica entre nuestros mandatarios, que han demostrado ser capaces de salir de nuestras instituciones esposados, aferrados a los poderes otorgados por el Pueblo hasta el final.
La realidad política que estamos viviendo hace indispensable el pueblo tenga oportunidad de expresarse y hasta que se le empodere con capacidad de revocar el mandato de político electo, ya que sus decisiones seguirán afectando. Además, a esta sociedad le hace falta recuperar valores morales que se pierden, empezando por las actuaciones de quienes deberían ser ciudadanos ejemplares: los políticos electos.
La actual situación no sólo plaga la política de corrupción e incumplimientos, sino que además produce una situación de indefensión de la ciudadanía, acrecentada por ella misma ante el cansancio que produce la falta de ética en la clase política y que, al final, se traduce con una alta abstención electoral y, por lo tanto, más indefensión y más "carta blanca" para quienes viven de la política electoral, que seguirán falseando programas y actuando para el beneficio personal impunemente, parapetados tras una legislación que parece hecha para resguardar a toda costa la "representación popular".
No se puede acusar a un Pueblo de poca participación cuando se le priva de poderes básicos para sentirse parte de la política de su País. La revocación, es un procedimiento electoral mediante el cual los electores pueden quitar de su puesto a un cargo electo. Es una pieza fundamental en una legislación electoral digna, donde todos los cargos públicos deberían ser revocables.
Hay muchos países que contemplan en su legislación dicha posibilidad. Esto se lleva a cabo combinando elementos de un proceso de Iniciativa popular y de un proceso normal de elección de un candidato. El Referéndum de revocatoria comenzaría presentando una moción de revocatoria ante la correspondiente administración o bien directamente por Iniciativa Popular. También habría que reunir un determinado número de firmas de apoyo a la medida de revocatoria. Normalmente, el número de firmas necesarias será una proporción de los votos emitidos en la última elección ordinaria para el cargo del funcionario que es objeto de la revocatoria. Y por último, si la petición de revocatoria adquiere el número suficiente de firmas válidas, se lleva a referéndum la revocación y, si finalmente se cursa, el funcionario es sustituido por la forma que se legisle para el caso.
No con este método los corruptos dejarán de serlo. Pero al menos, con este importante elemento de la legislación electoral, no se escudarán en aforamientos y especiales condiciones que demuestran que la Ley no es igual para todas las personas. Además, el Pueblo necesita reconquistar valores sociales, éticos y morales, que aunque a algunos les parezca mejor quitar de nuestra memoria o alejar de la política, los necesitamos para que la política nos lleve, de verdad, hacia un mundo mejor.
Pedro González Cánovas, Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria
