Todos queremos tener un hogar donde vivir. Ya sea en propiedad, ya sea alquilado. Sin una vivienda no podemos decir que tenemos una vida digna. Es, junto con el acceso al agua y a la electricidad, una de las necesidades básicas de la vida. Al mismo tiempo, también deseamos hacer "fortuna" con las oportunidades que nos ofrece el desarrollo de otros modelos de negocio. Pero ¿qué pasa cuando necesidad y deseo chocan entre sí? Es aquí cuando las instituciones deben actuar con la habilidad y la capacidad que se espera de ellas, y acomodar ambos intereses. Pero, las instituciones están formadas por personas que no siempre aciertan a la primera con sus decisiones.
Cuando el modelo de negocio que conocemos como Vivienda Vacacional (VV) comenzó a amenazar el acceso a una vivienda para todos esos trabajadores de las islas, reduciendo la oferta (muchas viviendas pasaron a ser explotadas como VV) y produciendo un aumento del precio, la primera reacción de las instituciones (el Gobierno de Canarias) fue regular las VV mediante un reglamento (Decreto 113/2015). El problema es que esta regulación no se hizo para evitar el aumento de los precios, que hacían prácticamente imposible el acceso a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración, sino para proteger intereses particulares de grandes empresarios. ¿Cómo? Pues prohibiendo las VV en las zonas turísticas y así eliminar la competencia que hacen a los grupos hoteleros (La gente si eso para otra ocasión). Esto hizo que las VV se desplazaran a aquellas zonas exentas de la prohibición, normalmente los pueblos de interior, afectando a la oferta de viviendas para alquilar. Es decir, una regulación en favor de un grupo económico que buscaba la eliminación de una competencia imparable causó un deterioro del acceso a viviendas en régimen de alquiler. Además, suponía atacar de lleno a la raíz de un modelo de negocio que aporta una nueva fuente de ingresos a las islas. Es decir, permite que el outsider del negocio turístico se beneficie también del pastel que supone la visita anual de más de 15.000.000 turistas a nuestras islas (más de 1.400.000 optaron por alojarse en VV, en 2018).
Por ello, hoy en día, podemos afirmar con rotundidad que la respuesta llevada a cabo por el Gobierno de Canarias para solventar el problema de la vivienda en Canarias, mediante la aprobación del Decreto 113/2015, fue desastrosa. ¿Por qué? Porque se hizo desde una aproximación errada. Se intentó solucionar un problema desde una perspectiva legal e interesada, cuando debía haberse hecho desde una perspectiva legal y económica conciliadora. Lo que provocó un problema para los trabajadores canarios y los pequeños propietarios. Como ejemplo de los intereses espurios tras esta regulación, tenemos los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo (STS 1766/2018), que suscribió la sentencia del TSJC sobre la impugnación llevada a cabo por parte de diferentes asociaciones. Dichos argumentos establecen que "la prohibición de ofertar VV en zonas turísticas delimitadas en el ámbito territorial de Canarias, según el artículo 3.2 del Decreto 113/2015, es contraria al principio de libertad de empresa".
Como ya he dicho, el problema debe atacarse desde una perspectiva económica. Como todo mercado, los precios de cualquier producto se ven afectados por la relación entre la oferta y su demanda. Cuando la demanda sube y la oferta es constante, o cuando la demanda se mantiene y la oferta se reduce, los precios se encarecen. En el caso de Lanzarote, hemos sufrido lo segundo. La demanda de vivienda se mantuvo igual mientras la oferta se redujo cuando muchos propietarios comenzaron a explotar dichas propiedades en calidad de VV. Esto provocó un aumento del precio del alquiler, llegando a cobrarse hasta 1.500 euros por un piso de 100 m2. Un precio que bien podría ser de Madrid. Además, debemos tener en cuenta que aquellos que optaron por la compra de una vivienda también se encontraron con unos precios en alza. Por tanto, la solución pasa por aumentar la oferta en busca del "punto de equilibrio" entre la oferta y la demanda. Y es aquí donde entra el Instituto Insular de Vivienda.
Según la nota de prensa del Cabildo de Lanzarote, el Instituto Insular de Vivienda se creará con el fin de aplicar políticas activas. Es decir, aumentar la oferta para reducir la demanda y que el precio del alquiler se reduzca. Estamos ante una solución que se viene reclamando por especialistas económicos como Juan Ramón Rallo, que han denunciado como otras medidas como la 'regulación de alquileres' no solucionan el problema real en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. El argumento principal es que, cuando el precio del alquiler deriva de la dinámica de la oferta y la demanda, solo dos soluciones pueden acabar con su alza: reprimiendo la demanda o incrementando la oferta. Y, no vamos a reprimir la demanda porque eso significa obligar a la gente a que no busque piso.
Es verdad que habrá que estar al acecho con dichas 'políticas activas', dado que construir viviendas lleva su tiempo y su coste, y hay que alcanzar acuerdos entre la institución insular y los municipios. Por ahora, podemos aplaudir el desbloqueo del suelo de Maneje para la construcción de viviendas públicas. Pero hay que apresurarse, pues, mucho se ha tardado en responder a este problema con la solución adecuada. Si fuera yo, ya habría solicitado un estudio de demanda por zonas y municipios para averiguar las necesidades reales de la isla. Por ejemplo, la zona turística de Playa Blanca ha tenido graves problemas de vivienda que ha derivado en otro problema de ocupación ilegal. Y, por último, habrá que ver si esas viviendas públicas se ofrecerán en régimen de propiedad o de alquiler. Lo lógico sería que fuera en régimen de alquiler según un filtro determinado por la capacidad de cada grupo familiar, número de integrantes, etc.
En definitiva, el Cabildo debe desarrollar cuanto antes un plan de viviendas públicas en consonancia con los ayuntamientos, principalmente los turísticos, para satisfacer las necesidades de sus trabajadores. Este es un problema de todos, azules, rojos, naranjas o morados. Hay que suplir la falta de visión política y humana llevada a cabo por el anterior Gobierno de Canarias, durante los años que ha pensado más con la billetera que con la cabeza.
Alejandro Pérez O'Pray, Ciencias Políticas y de la Administración, UNED.
