"Que se vea ahora negativamente (con la actual situación de crisis económica), lo acepto, pero en aquel momento no se vio así". Ésa fue la respuesta que dio José Miguel Pérez para justificar el gasto que el Cabildo de ...
"Que se vea ahora negativamente (con la actual situación de crisis económica), lo acepto, pero en aquel momento no se vio así". Ésa fue la respuesta que dio José Miguel Pérez para justificar el gasto que el Cabildo de Gran Canaria realizó en oculistas y dentistas para sus consejeros y algunos de sus hijos durante su mandato al frente de esta institución.
En total, según publicó Canarias 7 esta semana, gastaron 32.000 euros entre 2008 y 2011. Y la cifra se dispara hasta los 105.000 euros si se suman también las gafas, las lentillas, las ortodoncias y las endodoncias de todos los altos cargos y personal de confianza del Cabildo grancanario. Y la única pregunta que cabe es: ¿realmente es necesario estar en plena crisis económica para darse cuenta de que eso es un auténtico disparate?
Desgraciadamente, la respuesta parece ser sí. Y no sólo en este caso. En Lanzarote, se podrían encontrar muchísimos ejemplos. Uno de ellos, en los propios presupuestos de las instituciones. A la hora de elaborarlos, casi todas han anunciado ahora recortes en el capítulo de "gastos corrientes". Es decir, en los de funcionamiento, que incluyen desde material de papelería hasta recibos como los de agua, luz y teléfono. Y una vez más, la pregunta es: ¿si se podía gastar menos en esas cosas, por qué no se hacía antes?
El gran problema es que el dinero público no duele en el bolsillo de quienes lo manejan. Y aunque deberían mirar cada céntimo, mucho más que si de sus propias cuentas se tratara, la realidad es que hacen todo lo contrario. Y así, el Cabildo llega de Fitur, después de pasar una semana allí con el presidente a la cabeza, además de la consejera de Turismo y el consejero de los CACT, y aseguran a los medios que no saben cuánto se ha gastado en esos días. Vamos, lo normal cuando uno hace un viaje. Ni acude con un presupuesto previo, ni va controlando el gasto mientras está allí, ni echa cuentas al llegar a casa.
Eso sí, la única cifra que han dado desde el Cabildo, ha sido para responder a la polémica que se desató por la cena que organizaron, con dinero público, en un conocido restaurante madrileño. Según el Cabildo, "apenas superó los 3.000 euros". Y lo dijeron así, literalmente. "Apenas superó los 3.000 euros".
Evidentemente, esa cifra no es gran cosa dentro de los presupuestos que maneja el Cabildo. Sin embargo, resulta hasta ofensivo que hablen de esa cantidad como si fuera calderilla. Cada céntimo cuenta, o debería contar, y los ciudadanos tienen derecho, primero, a saber en qué se gasta; y segundo, a opinar sobre si le parece bien invertido o no. Y no hay nada de "artificial" en eso, por más que a algunos les moleste que la sociedad fiscalice el gasto público.
De hecho, si realmente existiera ese control, si realmente los políticos tuvieran la presión sobre cada euro que gastan, se hubieran evitado y se seguirían evitado muchísimos despilfarros.
Ahora, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha rescatado el proyecto de la Ley de Transparencia, que implicaría exactamente eso: que los ciudadanos puedan saber exactamente en qué se gasta el dinero la administración. Desde los sueldos de los altos cargos, hasta el dinero que cuesta por ejemplo una cumbre internacional.
Parece algo básico en una democracia, pero lo cierto es España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta aún con una ley de acceso a la información. De hecho, de 27 miembros de la UE, sólo cuatro no cuentan con una ley de este tipo. Y los otros tres son Chipre, Luxemburgo y Malta.
Hasta ahora, los anuncios de aprobar esa Ley de Transparencia en España han caído en saco roto, pero el Gobierno asegura que se empezará a tramitar antes del verano. Incluso, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que se van a exigir responsabilidades incluso judiciales a los gestores que "malgasten" y que "hipotequen el futuro" de una institución.
Desde luego, otro gallo nos hubiera cantado si se hubiera aplicado eso en Lanzarote en las dos últimas décadas. Pero incluso sin aspirar a tanto, porque habrá que ver si realmente eso se aprueba y si luego se lleva hasta las últimas consecuencias, sólo la esencia de la Ley de Transparencia ya supondría un avance fundamental en la isla. Algo tan simple como saber cuánto gastan en cada cosa. Desde sueldos y "gratificaciones", hasta viajes varios, gastos de representación, obras que luego resultan inútiles, compras de material que luego ni se utiliza o incluso celebración de fiestas populares, de las que tampoco se dan nunca presupuestos.
Un pequeño ejemplo de esto también ha saltado ahora, a raíz de la polémica desatada entre el Ayuntamiento de Arrecife y las murgas. Y es que aunque el plante de las agrupaciones fue por el recorte que va a haber en las subvenciones y por el dinero que les deben de los premios del año pasado (y en eso tienen toda la razón), también han trascendido otros datos de lo que venían recibiendo. Por ejemplo, obsequios de alcohol por un importe total de unos 6.000 euros, según aseguró el concejal de Festejos. A eso, las murgas han renunciado sin rechistar, y también se han resignado a que ya no les paguen el transporte hasta el recinto ferial, pero, de nuevo, la misma pregunta: ¿es necesario que llegue la crisis para darnos cuenta de que es un disparate que una institución pública le pague los cubatas a nadie?
Y la culpa no es de las murgas, sino de quienes han administrado (y en muchos casos siguen administrando) el dinero público con semejante alegría en muchísimos temas. Por eso, si realmente estuvieran orgullosos de su gestión, y consideraran que lo que gastan en determinadas cosas es una inversión y no un puro despilfarro, deberían ser los primeros en salir a dar explicaciones de lo que hacen y del dinero que manejan, en lugar de dedicarse a ocultar determinadas cosas o molestarse cuando por fin transciende alguna cifra.
