Convendrás conmigo en que la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas y traumáticas por la que podemos pasar a lo largo de la vida. También creo que, en estos casos, lo que todas y todos queremos es dar fin al consiguiente duelo cuanto antes.
Esta reflexión no debería entender de territorios sino de sentimientos, pero, por lo que voy a explicitar, esto no ocurre, en concreto, en la provincia de Las Palmas, me explico.
Si en Lanzarote, La Graciosa o Fuerteventura alguien fallece en fin de semana o festivo, puentes incluidos, ocurre que, si la muerte se judicializa, los familiares o amigos del finado/a, habrán de esperar a que en cualquiera de las islas que conforman la provincia de Las Palmas no se dé esta circunstancia a la vez. ¿Y eso? Pues porque, de ser así, sufrirán una dilación inaceptable, a veces de varios días, para poder disponer de su cuerpo.
El motivo obedece a la distribución del personal de ayudantes de autopsia del Instituto de Medicina Legal en la provincia. Resulta que tan solo dos de estos profesionales atienden a una población de más de 1.150.000 personas, sin contar con los turistas que nos visitan. Además, a estos hay que sumar aquellas personas que arriban a nuestro territorio como consecuencia del hecho histórico de la inmigración. Al final, en caso de fallecimiento, únicamente con la participación de uno de aquellos dos se puede practicar la correspondiente autopsia.
Escribo este artículo habiendo dejado pasar unos días después de lo acontecido este pasado puente en las islas orientales no capitalinas, donde se produjeron en ese período de tiempo cinco muertes, dos en Fuerteventura y tres en Lanzarote, que fueron judicializadas. Este fenómeno ha pasado de excepcional a habitual, por desgracia.
Hasta el 2007, no teníamos en Lanzarote tal profesional de lunes a viernes, pero en Fuerteventura ni siquiera eso para paliar este efecto de aumento del dolor. Lo cierto es que no es de recibo que los servicios de estos profesionales no se extiendan al fin de semana y festivos para evitar estas situaciones que desgarran el corazón de las familias y amigos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que disponemos de un presupuesto de más de 9.000 millones de euros.
No debe ni puede seguir permitiéndose que esto vuelva a ocurrir, porque la gente seguirá muriendo los sábados, domingos, festivos y algunos de esos decesos se judicializarán. No es deseable que en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa tengamos que seguir dependiendo de que el auxiliar de autopsias que tiene que desplazarse desde Gran Canaria no tenga otros casos en dicha isla, o en alguna otra a la vez. O que tenga la seguridad de conseguir pasajes de ida y vuelta que garanticen la prestación del servicio. Incomprensiblemente, de eso depende que se agrande o no nuestro sufrimiento ante la muerte de un ser querido.
Es cierto que, a veces, sólo reaccionamos cuando sufrimos en carne propia determinados hechos; espero que este no sea el caso. Lo que reivindico como ciudadano de a pie de mi isla es sencillo, disponer de un servicio que, aparte de responder a una obligación legal, sobre todo obedezca a una estricta y necesaria cuestión de humanidad sin que quepa obstar, frente a esta, visiones economicistas o de funcionalidad territorial que sirvan de apoyatura para que se den hechos que no deberían de repetirse ni una vez más.
