El cuento viene a ser algo así. El Gobierno de Canarias, gracias a la condonación por parte del Estado del extinto impuesto general sobre el tráfico de empresas (IGTE) se encuentra de pronto con 1.600 millones de euros a gastar en un plazo de diez años. Al ejecutivo regional le tocaba tomar dos grandes decisiones: cómo repartir esos 160 millones anuales y en qué gastarlos. Sin llegar a estar clara del todo la primera cuestión, la segunda ha sido ya tristemente resuelta. Los datos que tiene sobre la mesa el presidente Clavijo son, a todas luces, alarmantes. Uno de cada tres canarios subsiste en condiciones precarias, las tasas de desempleo son de las más altas del país, la precariedad laboral sigue en aumento, la situación sociosanitaria es paupérrima y las listas de espera en los hospitales siguen siendo eternas para miles de ciudadanos, por hacer una rápida composición de estas islas donde unos viven y otros, cada vez más, sobreviven.
¿Qué hace el Gobierno de Canarias con este escenario y con 1.600 millones de euros extra en el bolsillo? ¿Invertir en Sanidad? ¿Invertir en educación? ¿Invertir en infraestructuras sociosanitarias? No. Decide destinar esos recursos a proyectos de I+D+i, proyectos turísticos y, hasta una quinta parte, a planes de empleo. La pregunta por tanto es evidente. ¿Qué lleva a un presidente de una de las comunidades que más está sufriendo las consecuencias de la mal llamada crisis a humillar de esta manera a sus ciudadanas y ciudadanos? ¿Qué nombre le ponemos a esta enfermedad que insensibiliza a sus gobernantes y hace olvidarse de quienes peor lo están pasando incluso en estas circunstancias? ¿Ceguera social? ¿Imposibilidad de sentir empatía? ¿Psicosis del euro?
Fernando Clavijo y su equipo se hicieron la semana pasada el tour lanzaroteño para ensalzar las bondades de la vía de financiación abierta por Pedro San Ginés a lo peor del empresariado local, véase los propietarios del puerto deportivo Marina Rubicón. Nadie debió contarle a Clavijo que la propiedad del puerto es familia de su consejera de Turismo y del consejero delegado de los Centros Turísticos y seguro que también se olvidaron de contarle que el promotor del proyecto del museo submarino es un delincuente alemán llamado Helge Achembach, a cuya fundación pensaban los Centros Turísticos donar parte de la recaudación del flamante cementerio submarino. Lo que sí dejó claro Clavijo en la reunión que mantuvo con los alcaldes de la isla y portavoces de los grupos políticos del Cabildo es que "por supuesto, los fondos del IGTE podrían destinarse para proyectos como el del museo submarino", faltaría más. Algunos de los alcaldes le preguntaron, preocupados, si podrían comprar un terreno con ese dinero para hacer un museo agrícola. Otros le criticaban que no se pudiera utilizar para construir el ansiadísimo palacio de congresos, "ese que ya tienen hasta los majoreros".
También comentó Clavijo en esa reunión que, por ejemplo, cabría financiarse con esos fondos "un balneario turístico, pero nunca una residencia de ancianos". Lo dijo así, como suena, sin agachar la cabeza ni disimular la mirada ni ponerse un poco colorado, lo dijo erguido y sin complejos, quizá sabiendo, como así fue, que ninguno de los alcaldes le reprocharía la infame decisión de no destinar esos recursos a fines sociales. Lo dijo como si por un momento le hubiese faltado riego sanguíneo en el cerebro, como si la presión de sus empresarios se hubiese convertido en presión arterial y le bloqueara la capacidad de pensar con claridad y ver lo mal que lo está pasando su gente. Como si fuese víctima de una especie de ictus económico, esa enfermedad que se descubrirá en el futuro y que consistirá en la parálisis cerebral que provoca la asimilación natural de este neoliberalismo criminal que marca el paso de nuestra economía y condena a la miseria a millones de personas.
Carlos Meca, Consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote.
