No tienen alumbrado público, alcantarillado, ni red de saneamiento. Viven en una urbanización de propiedad privada, que a la vez depende de dos ayuntamientos, pero la realidad es que están en tierra de nadie. Atrapados en una ...
No tienen alumbrado público, alcantarillado, ni red de saneamiento. Viven en una urbanización de propiedad privada, que a la vez depende de dos ayuntamientos, pero la realidad es que están en tierra de nadie. Atrapados en una situación que se repite demasiadas veces en Lanzarote. Víctimas del caos urbanístico y de los desmanes que se han cometido en la isla en las últimas décadas.
En el caso del Charco del Palo, el origen se remonta al año 1973, cuando una promotora alemana compró el terreno y empezó a construir y vender viviendas. Ahora, casi 40 años después, la urbanización sigue sin tener servicios básicos, y nada se sabe de la constructora, que era la responsable de terminar la urbanización, y que además tenía que haber cedido suelo al ayuntamiento.
En definitiva, este caso es un ejemplo más de la herencia que han dejado determinadas empresas que han actuado en Lanzarote como elefantes en una cacharrería, ante la pasividad, o en algunos casos la complicidad, de los gestores públicos.
Por si fuera poco, a esto se suma una sentencia judicial que anuló varias licencias de El Charco del Palo, complicando aún más la solución para los vecinos. Y es que a finales de los años 90, el entonces alcalde, Juan Ramírez, concedió nuevos permisos para seguir urbanizando tanto el Charco del Palo como otros pueblos del municipio de Haría, pese a los informes técnicos que advertían de su "manifiesta y flagrante ilegalidad". Así lo consideró probado la Justicia, que además de anular las licencias, condenó a un año y tres meses de prisión a Juan Ramírez, por un delito continuado de prevaricación.
Según sostuvo la Fiscalía durante el juicio, el ex alcalde ignoró "deliberadamente informes", emitió certificados falsos "a sabiendas de que no entraba dentro sus funciones" e "inaplicó fraudulentamente" la normativa vigente. Vamos, todo un ejemplo de gestión urbanística, que desgraciadamente ha tenido más de un seguidor en Lanzarote.
Al menos, en este caso, Ramírez tendrá que pagar su responsabilidad penal e incluso afrontar personalmente las consecuencias de la anulación de esas licencias, tal como determinó la sentencia, pero mientras tanto, el daño ya está hecho a muchos vecinos y a la isla en su conjunto.
Pese a lo que durante años ha intentado vender el "club del cemento", el cumplimiento de las leyes urbanísticas no es un capricho ni una absurda obsesión. Y ni siquiera se trata sólo de que se destroce una playa o un espacio protegido, o se masifique y vulgarice la isla. Que un político se salte las normas o favorezca a un determinado empresario supone, por un lado, una injusticia y un agravio para el resto, que sí están obligados a cumplir. Pero además, genera incontables perjuicios a largo plazo, que son los que ahora está pagando Lanzarote.
En cuanto al tema hotelero, los efectos son evidentes, y la isla los ha sufrido con especial dureza con la llegada de la crisis, cuando ha quedado de relieve que no había capacidad para asimilar tal cantidad de camas en tan poco tiempo, ni la cantidad de mano de obra que atrajeron en su momento, y que ahora ha desbordado las cifras del paro.
Pero más sangrante aún es la ilegalidad en las construcciones residenciales, donde el directamente afectado es el vecino que nada tenía que ver con todo esto, y que se ve de pronto con una casa ilegal, o con una vivienda en una urbanización que carece de servicios tan elementales como el alcantarillado.
Otro crudo ejemplo de esto, quizá el peor, está en el Plan Parcial Playa Blanca, declarado ilegal en su conjunto. Ahí también se están intentando depurar posibles responsabilidades penales, tanto de otro de los ex alcaldes que pasarán a la historia negra de Lanzarote, José Francisco Reyes, como de los que le rodeaban y asesoraban. Y es que entre ellos y los promotores, que vendieron las viviendas sin informar del problema legal que tenían, han llevado a una situación desesperada a cientos de familias.
Algunos, decidieron acudir a los Juzgados y gracias a varias sentencias, han conseguido recuperar su dinero, ya que sólo tenían firmada la opción de compra y no habían formalizado las escrituras. Pero la mayoría no ha tenido tanta "suerte". Así, han quedado atrapados y no sólo cargan con la cruz de una vivienda ilegal, de la que en muchos casos todavía están pagando la hipoteca, sino que además también se sienten abandonados por el Ayuntamiento en materia de servicios básicos como el alumbrado.
¿Éste era el desarrollo que vendían los grandes "benefactores" de la isla, que se declaraban perseguidos? ¿Eso es lo que consideran dar progreso a Lanzarote?
Desde luego, a la vista de lo sucedido, parece que los que han "progresado" son sólo unos pocos, porque el legado que han dejado a la sociedad es un monumental problema para apagar todos los fuegos urbanísticos abiertos, con una isla salpicada de construcciones ilegales de todo tipo, y sin servicios elementales.
