Definitivamente, algo está cambiando en Lanzarote. La Justicia ha tardado en llegar, pero lleva al menos tres años estrechando el cerco sobre determinados políticos de la isla, con una larga lista de condenas y juicios ...
Definitivamente, algo está cambiando en Lanzarote. La Justicia ha tardado en llegar, pero lleva al menos tres años estrechando el cerco sobre determinados políticos de la isla, con una larga lista de condenas y juicios pendientes de celebrarse.
Pero además, el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria también ha abierto un nuevo frente. En este caso, ni siquiera se investigan delitos, pero el juez ha hecho lo que muchos ciudadanos llevaban años reclamando: obligar a los políticos a pagar de su dinero los resultados de la mala gestión de una administración pública.
De momento sólo es una medida cautelar, y ahora habrá que determinar si realmente tuvieron responsabilidad en la "quiebra" de la empresa, pero el juez ha ordenado el embargo de bienes y derechos de 17 personas que formaron parte de los dos últimos Consejos de Administración de Inalsa, justo antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores.
Sólo con eso, y aunque al final no llegaran a pagar de su bolsillo las deudas de Inalsa, ya se sienta un precedente histórico en Lanzarote. Lo malo es que en la lista faltan muchos nombres, y quizá algunos de los que están ni pinchaban ni cortaban demasiado en lo que sucedía en la empresa pública de aguas. Sin embargo, precisamente eso es lo que deja otra gran lección.
Ocupar un cargo público o ser miembro de un consejo de administración no supone sólo cobrar un sueldo o calentar un sillón. Supone asumir una responsabilidad. Y no basta con ir a una reunión a levantar la mano porque es lo que hace el de al lado.
"Los demandados necesariamente conocían o estaban en la obligación de conocer, en su condición de consejeros de Inalsa, las cuentas anuales de la sociedad", sostiene el auto del juez. Incluso, llega a decir que si no podían acometer las medidas necesarias para evitar la quiebra de la empresa (casi todos alegaron que quien verdaderamente tomaba las decisiones era el Consorcio Insular del Agua), tendrían que haber presentado su dimisión.
Hace unos años, hubiera parecido impensable que alguien dimitiera por semejante "nimiedad". A partir de este auto, sin embargo, quizá muchos se lo piensen dos veces si tienen que administrar dinero público, sabiendo que el día de mañana pueden llegar a tener que responder con su patrimonio de los agujeros que dejen. De hecho, que la Justicia toque el bolsillo de los políticos puede ser más ejemplarizante incluso que una condena de cárcel.
Por eso, independientemente de si se aceptan o no los recursos que se presentarán, este auto ya se ha convertido en una importante llamada de atención, al menos, de cara al futuro. En cuanto a las responsabilidades del pasado, puede que ahí sí se quede más corto, y hasta que estén pagando los que no son los verdaderos "pecadores". Pero al menos, en la lista sí hay nombres "crónicos" de la empresa pública, como el de la eterna consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra. Alguien que en realidad, siempre ha tenido detrás al omnipresente Dimas Martín.
De hecho, en el año 2008 (por el que se van a aplicar los mayores embargos), era el propio Dimas el que seguía intentando manejar los hilos de la empresa, pese a que ya estaba cumpliendo condena por malversar fondos públicos. Se reunía con acreedores y hasta se jactaba de idear planes económicos para la empresa. Incluso, el PIL se resistió con uñas y dientes a que la empresa solicitara voluntariamente la entrada de una administración concursal, generando un sonado conflicto con el PSOE, que era su socio de gobierno en aquel momento.
Ahora, una de las principales cosas que les reprocha el juez es que no entraran antes en ese concurso de acreedores, porque esa medida es obligada cuando se evidencia una situación de insolvencia. Y precisamente por no hacerlo a tiempo, se les están pidiendo responsabilidades patrimoniales.
Si Plácida Guerra era sólo una "mandada" de Dimas Martín, tendrán que resolverlo entre ellos. El cargo público era ella, la consejera delegada de Inalsa era ella y, por tanto, es a ella a la que se le pueden exigir responsabilidades. A ella, y todos los que formaban parte de ese Consejo de Administración y la mantenían en el cargo. A los que hacían, y a los que simplemente dejaban hacer, mirando para otro lado o, simplemente, sin enterarse demasiado de lo que se estaba haciendo
