Hay dos personas. Una de la Línea de la Concepción y otra de Lanzarote. Ambas estudian en la Universidad Nacional a Distancia porque ambas han decidido elegir un modo de alcanzar su sueño u objetivo que le evite los problemas generados por su situación geográfica, laboral o personal. Ambas son, en teoría, iguales en el sistema de dicha institución. Hasta que entra en juego la organización territorial del Estado.
En junio de 2017, la Junta de Andalucía anunció la bonificación de las matrículas universitarias para los estudiantes de las Universidades Públicas Andaluzas. Este hecho supuso la culminación del deseo ya expresado por los rectores andaluces en 2016. Cada Comunidad Autónoma es libre, según el modelo territorial, de disponer de su partida presupuestaria de la manera que mejor considere siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes establecidos por la Ley, como puede ser la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así, la Junta de Andalucía decidió bonificar las matrículas de aquellos estudiantes que hubieran aprobado con un 5 las asignaturas cursadas el periodo lectivo anterior, con el fin de favorecer la matriculación universitaria y de aplicar una política agresiva en el sistema de ayudas a los estudios, dado que se acusaba por aquel entonces al Gobierno Central de aumentar la brecha entre ricos y pobres en términos de acceso formativo.
Los precios de los créditos universitarios son determinados por cada Comunidad Autónoma, dentro de los límites que ficha la Ley Orgánica de Universidades (http://www.observatoriuniversitari.org/es/files/2017/01/Por-que-precios-tan-distintos.pdf) y publicados en el boletín correspondiente. También se suelen diferenciar los precios según el tipo de estudios, siendo las humanidades los créditos más baratos. Así, dentro de esta horquilla, podemos encontrar diferencias de precios sustanciales entre estudiar un grado (utilizaremos el de Arquitectura en este caso) en Andalucía, Canarias o Madrid. Siendo 12,62?, 17,43? y 25,18? respectivamente. La excepción es la UNED, que tiene determinado el precio de sus créditos por el Ministerio de Educación dado que es una universidad nacional, no de una Comunidad Autónoma. Siendo su precio 21,60?, situándose así en la media ponderada a nivel nacional según la OCU (https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/informe/diferencias-precios-universidades). Hasta aquí todo bien. Cada CCAA determina el precio para sus universidades y así, todo universitario residente en dicha comunidad está en igualdad de condiciones para el acceso a los estudios universitarios, sin generarse una desigualdad real. La desigualdad del precio entre las diferentes CCAA se deriva de la descentralización política determinada por la organización territorial del Estado. Por tanto, nadie tiene derecho a inmiscuirse en las decisiones llevabas a cabo por cada gobierno autonómico si pretende salvaguardar su propia libertad de acción dentro del marco de competencias adquirido.
El problema surge cuando la Junta de Andalucía firma un convenio con la UNED (http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/130792/junta/incorporara/bonificaciones/matricula/uned/proximo/decreto/precios/universidad/andaluzas) este mismo año 2018, por el cual, bonificará también los créditos de los residentes andaluces que estudien en dicha universidad. ¿La razón? Obviamente, la UNED no está dispuesta a perder a un número indeterminado de estudiantes (entre 20.000 y 25.000 en 2017) que prefieren trasladarse a otros centros universitarios andaluces donde se les bonificarán los estudios, lo que supone una acción lógica desde el punto de vista individualista del estudiante al intentar maximizar las opciones disponibles. Es un problema porqué esta política, tan loable, genera una desigualdad de facto entre estudiantes de un mismo centro. Hasta la firma de dicho convenio todos los estudiantes de la UNED estaban en igualdad de condiciones. Si sacabas una Matrícula de Honor, se te compensaba la bonificación de una asignatura en la próxima matrícula; fueras a donde fueras a vivir, el precio del crédito sería el mismo para todos; y así con un largo etc. Técnicamente se encontraban en el mismo nivel de partida, en todos los aspectos, por eso se llama 'Nacional'. Ahora, unos tendrán 'privilegios' con respecto a otros, lo que va en contra del concepto básico de todo estado social, el de la igualdad de oportunidades.
Volvamos al ejemplo inicial de los dos estudiantes. Ambos, sufren un imprevisto económico que imposibilita disfrutar del acceso a la matrícula del próximo curso. El de la Línea de la Concepción no tiene problemas dado que se le bonificará al 99%, mientras que el de Lanzarote tendrá que esperar no se sabe cuánto, hasta poder matricularse de nuevo y así terminar sus estudios. Esta situación derivada del convenio entre un organismo autonómico y una institución nacional genera una disfunción en términos de igualdad que rompe con el principio de no intromisión dentro de las competencias de cada parte. Lo nacional es nacional, lo autonómico es autonómico. Y así, nadie se queda fuera del tiesto. Con esto no estoy solicitando que se elimine el Convenio. Para nada. Es más, tengo un sobrino estudiando en Sevilla y se lo que significa disponer de una tranquilidad absoluta a la hora de costearte los estudios. Esa renta que queda disponible te permite obtener una mejor calidad de vida estudiantil, además de recursos de toda índole que antes, quizás, no estarían a tu alcance.
El problema aquí planteado es verídico, yo soy el estudiante de Lanzarote. Es más, el problema aquí expuesto se puede extrapolar a otros ámbitos como el fiscal, en donde una persona puede llegar a tener que pagar 54? en la declaración de la renta en Aragón mientras que la misma declaración le devuelve 450? en el País Vasco; o el sanitario, tan en boga en estos momentos con el tema de la tarjeta sanitaria única, en donde tienes que disponer de cierta documentación para recibir atención médica familiar en una CCAA en donde no seas residente. Estos dos casos también son verídicos dado que los he vivido yo mismo.
Por tanto, queda claro que la organización territorial fue un experimento que en su momento solventó uno de los grandes problemas de España, el territorial. Pero que en la actualidad no ha hecho más que generar una seria de disfunciones que derivan en una desigualdad a todos los niveles. Y eso que, el artículo 2 de la CE, promueve uno de sus principios básicos, el de la solidaridad interregional. Este principio requiere que los poderes públicos se abstengan de adoptar decisiones que perjudiquen el interés general. ¿Y qué hay más importante para el interés general que la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de este país?
