"Aprovechamos para recordar a todos los abonados la obligatoriedad de disponer de un depósito de reserva de al menos 120 litros por persona y día, por cinco días, en el caso de consumo doméstico, y de 250 litros por persona ...
"Aprovechamos para recordar a todos los abonados la obligatoriedad de disponer de un depósito de reserva de al menos 120 litros por persona y día, por cinco días, en el caso de consumo doméstico, y de 250 litros por persona y día, por cinco días, en el caso de consumo turístico residencial". Ésa es la coletilla que agregó Inalsa al comunicado donde reconoció la pasada semana que está realizando cortes de agua a varias localidades de la isla porque es incapaz de atender la demanda. La misma coletilla que agrega cada vez que deja calles, barrios o pueblos enteros sin suministro. Y para eso, se basan en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la Isla de Lanzarote, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas en mayo de 2003.
De esta forma, además de no informar de los cortes, además de evidenciar su pésimo funcionamiento como empresa, responsabiliza a los vecinos de haberse quedado sin agua, por no cumplir un reglamento que se sacaron de la manga hace unos años, ante su propia incapacidad para garantizar la prestación de un servicio básico. Es decir, que ellos no cumplen en nada, no tienen unas mínimas reservas e incluso han estado dos años suministrando agua no potable a muchísimas localidades del sur, pero sí tienen la desfachatez de recordar sus obligaciones a los usuarios.
Esta semana, el Centro de Datos del Cabildo hacía pública su encuesta anual sobre temas insulares, que refleja el profundo malestar de los ciudadanos con la clase política lanzaroteña, y con la situación de la isla. Y es que además de suspender a grupo de gobierno y oposición, los encuestados también valoraron la calidad de vida de la isla, dándole la lamentable nota de 2,2 puntos sobre 10. Puede parecer excesivo y más fruto de la indignación que de un análisis real de la situación, pero resulta comprensible el enfado de la sociedad cuando se observa el estado de las infraestructuras más básicas de la isla.
Inalsa, sin duda, puede ser uno de los ejemplos más sangrantes. Una empresa que funciona como si fuera un monopolio, ya que todos (a excepción de determinadas zonas a donde ella misma no ha sido capaz de llegar) están obligados a comprarle y pagarle el agua, lleva años en prácticamente en la quiebra. Además, tiene unas infraestructuras lamentables, vertiginosas pérdidas en la red, continuas roturas cuyas reparaciones a veces se eternizan y es incapaz de cubrir la demanda ante la más mínima contingencia. Si en pleno mes de marzo han justificado los cortes alegando que ha subido la demanda por la mayor presencia de turistas en la isla, ¿qué dejan para los meses de julio y agosto?
A todo eso, por supuesto, hay que sumar que ni siquiera son capaces de mantener una mínima política de comunicación y respeto hacia la ciudadanía, y que sólo se molestan en informar cuando realmente el tema ya ha saltado a los medios, bien a través de quejas ciudadanas o, como en esta última ocasión, a través de la protesta pública del Ayuntamiento de Teguise. Ni se molestan en avisar de los cortes, que como reconocen ahora estaban siendo programados, ni se sabe nada tampoco de la situación económica de la empresa. Y es que desde que entró la administración concursal, hace ya año y medio, lo que sucede en Inalsa es un auténtico misterio, incluso para los siete ayuntamientos, pese a que todos ellos integran el Consorcio Insular de Aguas.
Lamentablemente, el caso de Inalsa no es una excepción. Otras infraestructuras básicas, como las redes de aguas pluviales o las carreteras, por poner sólo dos ejemplos, tampoco están a la altura de una sociedad moderna. Sin embargo, al igual que con Inalsa, en este caso los ciudadanos también ven cómo sí se les exige que cumplan su obligación de pagar los impuestos, pero no reciben a cambio los servicios que merecen.
Este panorama, sumado a la actual crisis económica, con una desorbitada tasa de paro, hace comprensible la pésima nota que los ciudadanos dan a la calidad de vida en Lanzarote. Y es que lejos de avanzar, la isla parece que ha retrocedido en las dos últimas décadas.
En 1997, los lanzaroteños valoraban con un 6,4 la calidad de vida en la isla. Ahora, 14 años después, se ha caído hasta un preocupante 2,2. Y de eso, no se puede culpar sólo a la actual crisis. Por un lado, porque no nos hubiera golpeado de esta manera si la especulación no se hubiera empeñado en exprimir la isla con la ayuda de determinados políticos. Por otro, porque hay inversiones que eran necesarias y se deberían haber realizado hace mucho tiempo, precisamente en la época "dorada". El problema es que los años de bonanza, al parecer, sólo sirvieron para enriquecer a unos cuantos.
Aunque en esta encuesta los ciudadanos sitúan entre sus principales preocupaciones temas como el paro, el urbanismo o la sanidad, también es significativo que señalan a los políticos como el tercer problema más importante de Lanzarote. Y es que en definitiva, son ellos los que durante años han llevado a la isla a la situación actual, bien por una rematada incompetencia o porque, como en algunos casos han puesto de relieve las operaciones judiciales, estaban demasiado ocupados saqueando las instituciones, vendiendo la isla y aumentando su patrimonio.
