Por lo que he leído en los periódicos, poca manifestación hubo el sábado: "La manifestación en defensa de Inalsa apenas reúne a unas 300 personas" (La Provincia). Pese al fracaso, creo que había motivos sobrados para ...
Por lo que he leído en los periódicos, poca manifestación hubo el sábado: "La manifestación en defensa de Inalsa apenas reúne a unas 300 personas" (La Provincia). Pese al fracaso, creo que había motivos sobrados para manifestarse contra los responsables de la quiebra de la empresa pública, contra la clase política insular que la ha gestionado todos estos años. Y contra el actual grupo de gobierno del Cabildo, que está haciendo incluso el ridículo en lo que se refiere a la crisis de las dos grandes empresas públicas de la isla: un concurso tan mal planteado en Inalsa que ha quedado desierto y unas medidas cosméticas en los Centros Turísticos para evitarse tener que tomar las imprescindibles para detener la sangría de la empresa. En fin, que si esto fuera Dinamarca, estaríamos contando las dimisiones de políticos y técnicos en el Cabildo de Lanzarote. Pero esto no es Dinamarca, así que es de esperar que nadie asuma ninguna responsabilidad por el fracaso del gobierno insular.
Quizá la escasa asistencia a la manifestación se explique no por la protesta contra los políticos, sino por la solución al problema de Inalsa que proponían los convocantes. Quizá la sociedad lanzaroteña no sea tan conservadora como quienes la convocaron a manifestarse, y no piense que el remedio sea conservar el modelo de gestión de Inalsa de las últimas décadas. Esa fue, desde luego, la razón que me hizo quedarme en casa: no puedo estar de acuerdo en que la mejor solución para Inalsa sea dejarla en las manos de Pedro San Ginés y Joaquín Caraballo, o que mañana esté en las de Ástrid Pérez o, aún peor, vuelva a las del PIL y pudiéramos encontrarnos de nuevo con Plácida Guerra o un Martín al frente de la empresa pública. Pues aunque las palabras fueran otras, eso es exactamente lo que se pidió en la manifestación: que la gestión de Inalsa se mantenga en las manos de la clase política que la ha llevado a la quiebra.
No discuto que, en general, se pueda ser partidario de la gestión pública de un bien como el agua. Sin embargo, cuando descendemos a lo concreto, cuando los hechos deben imponerse a la ideología, no podemos obviar lo que gestión pública del agua significa en Lanzarote: que la empresa continúe dirigida por la clase política insular, que es la que hay, y no existen visos de que vayamos a tener otra muy distinta en bastante tiempo. Y puesto que ese modelo de gestión ha sido un rotundo fracaso, francamente, no parece que conservarlo resulte lo más inteligente.
Si se quiere hacer algún progreso en esta materia en Lanzarote, no queda otra que cambiar de modelo. Y cualquier modelo que pueda imaginar pasa por quitarle Inalsa a los políticos. En fin, que pedir la privatización de Inalsa resulta la lógica consecuencia de analizar lo ocurrido para cualquiera que no se deje cegar por los prejuicios ideológicos. Otra cosa es cómo se realice la privatización, porque hay distintas formas de hacerla. Lo que sorprende es que no se esté discutiendo sobre la chapuza del grupo de gobierno del Cabildo, sobre la mejor forma de privatizar Inalsa y sobre si cabe y conviene la participación de la sociedad civil insular en esa privatización, en lugar de insistir en que Inalsa debe seguir en las mismas manos que hasta ahora, en las de la incompetente y corrupta clase insular que nos hemos dado.
