Corría el año 2007 cuando una periodista de La Voz de Lanzarote, casi recién salida de la facultad, regresaba a la redacción tras cubrir su primer juicio. Y llegaba entre impresionada y escandalizada. Escandalizada, con los hechos que allí se relataron. Impresionada, con la intervención del fiscal, que había actuado de oficio para llevar al banquillo nada menos que a dos agentes de la Policía Nacional. Poco después, la sentencia consideró probado que esos policías agredieron y detuvieron ilegalmente a una persona en Arrecife, con la que se cruzaron cuando estaban fuera de servicio, en una noche de copas. El único delito que había cometido la víctima, al parecer, era ser de raza negra. O no haberles caído en gracia. A veces, el ser humano puede ser espeluznante. Pero para eso, exactamente para eso, está la Justicia.
Corría el año 2006 cuando un periodista de La Voz de Lanzarote realizó una extensa entrevista al entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes. Y también regresó a la redacción entre escandalizado e impresionado, aunque en este caso no para bien. En pleno boom del ladrillo y de la especulación urbanística, y cuando ya habían empezado a llegar las sentencias declarando ilegales decenas de licencias, Reyes afirmó que a César Manrique "le parecía bien" levantar hoteles donde se construyó el Papagayo Arena, que las licencias se estaban anulando "por un trámite administrativo", "por una tontería", y que él dormía "todas las noches tranquilo". "Que me lleven a Anticorrupción, que lo hagan. Si un día me llama un fiscal le diré que indague qué es lo que se pretendía hacer con este municipio, porque se ha recurrido todo", afirmó desafiante en esa entrevista.
Tres años después, delante de un fiscal, del mismo fiscal, José Francisco Reyes reconoció que había recibido dinero de distintos empresarios, a cambio de conceder esas licencias ilegales. "Nadie da nada a cambio de nada", dijo en esa declaración en los Juzgados. Entonces era ya septiembre de 2009, y Reyes acababa de ser detenido, junto a varios miembros de su familia, por delitos de corrupción urbanística y por blanqueo de capitales.
Corría ese mismo año, y alguno anterior y posterior, cuando el abogado Felipe Fernández Camero se esforzaba en demostrar que él no era el "cerebro" que se ocultaba tras esa trama de las licencias ilegales. Cuando defendía en los Juzgados que él no había asesorado al ex alcalde de Yaiza. Y su esfuerzo le sirvió para que se archivara su imputación en esa causa, pero también para que se le abriera otra. Porque un fiscal, el mismo fiscal, le acusó entonces por malversación de caudales públicos. Y es que durante años, Camero cobró cientos de miles de euros del Ayuntamiento de Yaiza por supuestas labores de asesoramiento, sin que exista rastro de ese servicio. Actualmente, está a la espera de juicio y con una petición de 6 años de cárcel solo en esa causa (también está imputado en el caso Unión).
Corría el año 2008 cuando la prensa se congregó en la bodega Stratvs, para cubrir una gran fiesta de inauguración a la que acudieron algunos de los políticos más destacados de la isla y de toda Canarias. Ellos, decían estar impresionados con las instalaciones. Otros, veían la noticia escandalizados, y se preguntaban cómo se había podido autorizar semejante proyecto nuevo en una de las zonas más protegidas de la isla.
Siete años después, el escrito de acusación de un fiscal, del mismo fiscal, permitió conocer toda la cronología que rodeó a esa obra, que llegó a enfrentarse a expedientes, órdenes de paralización y sanciones que nunca se ejecutaron. De hecho, fue una juez quien tuvo que cerrar esa bodega en diciembre de 2013, en una decisión que después fue avalada por la Audiencia Provincial. Y esa decisión marcó un antes y un después en la historia de impunidad que se había vivido hasta entonces en la isla. Para eso, exactamente para eso, está la Justicia.
Corría el año 2009 cuando Dimas Martín, poco después de su detención en la Operación Unión, envió una carta a los medios desde la cárcel de Tahíche, desafiando a la UCO y a la Justicia, y afirmando que pese al "despliegue" de la operación, no habían conseguido encontrar ningún "aumento no justificado" de su patrimonio. Menos de un año después, Dimas volvía a ser detenido, de nuevo en su celda de Tahíche. Y con él fueron arrestados varios de sus presuntos testaferros, acusados de haber ocultado un patrimonio valorado en millones de euros del líder histórico del PIL. En su caso, ya tenía entonces otras condenas a sus espaldas. Pero esa investigación, y todo lo que supuso el caso Unión (gracias al trabajo de la UCO, de un juez y de dos fiscales, uno de ellos, el mismo fiscal), terminó con la "leyenda", creada por el propio Dimas, de que era una especie de perseguido al que encerraban en prisión por hacer "bañaderos para el pueblo".
Terminaba el año 2009 cuando un nuevo alcalde entraba en el Ayuntamiento de Arrecife, gracias a una moción de censura apoyada por dos concejales que acababan de salir de prisión provisional, y que ya habían confesado haber cobrado sobornos, precisamente dentro del caso Unión. En ese Pleno, el nuevo alcalde prometió "paredes de cristal". Dos años y medio después, ese alcalde (ya fallecido) fue imputado, junto a otros concejales de ese grupo de gobierno y del que entró en 2011. Estallaba entonces una nueva causa, el caso Montecarlo, que se inició por la investigación de un fiscal, del mismo fiscal. Y en esa causa apareció por primera vez el nombre del interventor, Carlos Sáenz, que se reveló como una pieza clave de la corrupción en ese Ayuntamiento (y en otros), y que también fue imputado después en el caso Unión, e incluso ha sido condenado ya en primera instancia en una de las piezas.
"Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada", dijo hace cerca de un siglo el escritor, político y filósofo Edmund Burke. Y durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, en Lanzarote no se hizo nada. Y por eso la corrupción fue echando raíces cada vez más profundas, para beneficio de unos pocos. Los que se saltaban las leyes que obligaban al resto, construyendo lo que querían, cuando querían y donde querían, mientras algunos se llenaban los bolsillos. Los que cobraban cientos de miles o millones de euros de dinero público, gracias a contratos fraudulentos y a facturas infladas o directamente inventadas, por servicios que no se habían prestado. Muchas cosas se intuían, pero fue cuando la Justicia empezó a actuar, cuando se pudo tomar dimensión de lo que realmente había ocurrido y seguía ocurriendo en Lanzarote. Cuando se evidenció la connivencia que había existido entre determinados políticos y determinados técnicos, para favorecer a determinados empresarios, en perjuicio del resto de la sociedad. Cuando terminó la impunidad. Para eso, exactamente para eso, está la Justicia.
Corre hoy ya el año 2016, y sería ingenuo pensar que la corrupción ha desaparecido de Lanzarote. Pero sí ha habido un cambio radical en la última década. Ya no abundan (aunque los siga habiendo) los técnicos dispuestos a firmar cualquier cosa. O a hacer informes vacíos de contenido, para no tener que informar en contra de algo ilegal. Y a esto quizá también haya contribuido que un fiscal, el mismo fiscal, logró por ejemplo que el secretario de Yaiza fuera condenado y apartado de su cargo por ello. Y que haya también una larga lista de técnicos del Cabildo y de varios ayuntamientos acusados en distintas causas.
Hoy, no solo hay personas condenadas y muchas otras esperando juicio en procedimientos cuya instrucción ya está cerrada, sino también cientos de miles de euros, y puede que sean millones, pendientes de ser devueltos a la administración por las personas que los malversaron. Hoy, la "teoría del papelito" (ésa por la que aseguraban que los hoteles ilegales solo tenían un "problemita administrativo") está muerta y enterrada. Hoy, una alcaldesa que procede del PIL ordena derribar hoteles, o parte de ellos, porque no se pueden legalizar ni habiendo cambiado el planeamiento. Hoy, muchos ciudadanos de esta isla creen más en la Justicia que hace 10 años.
Evidentemente, queda mucho camino por recorrer. Y sigue habiendo quienes se creen por encima de la ley o capaces de burlarla. Y también quienes están dispuestos a "ayudarles" a hacerlo desde la administración. Pero desde hace una década, y especialmente en los últimos siete años, en frente han empezado a encontrarse a la Justicia. A agentes de la UCO de la Guardia Civil, a miembros de la UDEF de la Policía Nacional, a distintos jueces (y juezas), a secretarios y funcionarios de los Juzgados, al Ministerio Fiscal… Y en particular a un fiscal, el mismo fiscal, cuyo nombre se repite en las principales causas contra la corrupción abiertas en Lanzarote, y también en otras muchas. Un fiscal que contribuyó a marcar este nuevo rumbo hacia una isla más justa y sin impunidad. Una isla donde, actualmente, podemos decir que ya no quedan intocables. Para eso, exactamente para eso, está la Justicia.
La Justicia es un concepto. Un "principio moral", según la RAE. Pero para que exista, tiene que haber personas que luchen por ella. Incluso en circunstancias difíciles. Incluso con pocos medios. Incluso a costa de aguantar una campaña orquestada para desacreditar a jueces y fiscales y para defender, precisamente, a los acusados, que tienen medios de comunicación a su nombre y han tratado de amordazar al resto.
Como dijo Bertolt Brecht, "hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, ésos son los imprescindibles". Y en la Justicia, sin duda, hay gente que ha sido y es imprescindible. Aunque ahora se vaya a seguir luchando en otro lado.
Suerte, señor Stampa. Y muchas gracias.
