Más de 8 expedientes. Seis terminados sin ningún tipo de responsabilidad. Archivados o dejados caducar. Dos pendientes de que emitan resoluciones. Dos procedimientos judiciales penales. Uno archivado por falsa acusación contra la sargenta Gloria Moreno del veterinario de Arrecife y, el otro, pendiente de sentencia.
Añádase una acusación de falsedad documental por haber avisado a los superiores de la posible filtración que se estaba llevando a cabo por un guardia de la unidad del Seprona de la isla para que no fueran identificados los furtivos de las pardelas en la isla de Alegranza.
Éste es el resumen del maltrato, persecución, acoso y ensañamiento a los que se ha visto sometida la sargenta del Seprona de Lanzarote Gloria Moreno.
¿Qué hay detrás de esta actitud? ¿Por qué los responsables políticos miran para otro lado? ¿Por qué la delegación del Gobierno en Canarias, la Dirección General de la Guardia Civil o el mismo Ministerio del Interior no han movido un dedo para investigar las causas de la apertura de 8 expedientes disciplinarios, ninguno culminado con sanción, a la sargenta?
La respuesta es que sigue existiendo sometimiento de la política a la falta de democratización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los restos del fascismo, el poder de la jerarquía machista y la colaboración con la impunidad, la corrupción y las mafias locales.
No se puede tolerar que en el siglo XXI se siga haciendo dejación de las funciones básicas de las instituciones democráticas del Estado y por eso el Parlamento de Canarias ha apoyado, a propuesta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, pedir al Ministerio de Interior que "abra una investigación con el fin de aclarar los motivos de la apertura de 8 expedientes disciplinarios" a la sargenta Gloria Moreno, "y determinar si responden a la obligación legítima de los mandos de sancionar conductas reprobables de sus subordinados y subordinadas o, por el contrario, constituye un ejercicio de arbitrariedad".
En Sí Podemos Canarias entendemos que no puede haber un sistema político legítimo que no atienda graves situaciones en el interior de algunas de las instituciones básicas del Estado, no puede haber sociedad democrática si se trata de ocultar el sufrimiento y no puede haber verdad si a los hechos que se conocen se les pone un manto de silencio.
Es necesario tener presente la jurisprudencia y las diferentes declaraciones destinadas a la protección del derecho a la vida y a la integridad de las personas, como la lucha contra la impunidad recogida en la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las directivas de 2012 del Parlamento Europeo y Consejo de Europa y la propia doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En base a todas esas resoluciones el derecho a la verdad nos obliga a desentrañar lo que realmente ha pasado con los ocho expedientes abiertos a la sargenta Moreno.
No puede haber instituciones democráticas si no son capaces de proteger a la víctima, en este caso la sargenta Gloría Moreno, del poder de los mandos de la Guardia Civil que le vienen maltratando, acosando, persiguiendo y ensañándose por realizar su trabajo siguiendo el mandato constitucional de perseguir los delitos y las irregularidades.
Para que las instituciones se consideren democráticas, los responsables que estén al frente de ellas tienen que atender a las víctimas e investigar los hechos, las causas, las condiciones y las circunstancias para el proceso de victimización. Esas instituciones tienen la obligación de identificar a los que generan el maltrato, acoso, persecución y el ensañamiento.
La única manera de evitar la impunidad que se da dentro de las instituciones del Estado es atendiendo a las denuncias e investigando a los responsables y proponiendo los castigos.
Solo es democrático el Estado que exige responsabilidades y repara el daño causado a la víctima.
Por ello, tienen la obligación las instituciones del Estado democrático de desvelar, reparar, socializar la verdad. Lo que llevan pidiendo desde la sociedad civil, una investigación en profundidad y que se de cuenta públicamente de los resultados de esa investigación que explique las causas de la apertura de los expedientes disciplinarios y se conozcan quienes son los responsables y que se expliquen las sanciones a esos responsables por sus actuaciones contra la sargenta.
Esa, y no otra, es la única manera de cambiar las lógicas perversas que anidan en las instituciones en las que se han producido los hechos contra la sargenta. Es la única manera de aislar el fascismo, el machismo y el autoritarismo cargado de misoginia contra una mujer por realizar su trabajo siguiendo el mandato constitucional.
Es obligación de los poderes públicos democráticos darle voz a la sargenta, para que la opinión pública conozca su conmoción personal y evitar la amnesia colectiva y la confusión.
Lo más importante es que el horror individual vivido sea una experiencia colectiva para que su conocimiento sirva como un instrumento social, crítico y democrático y que la verdad y las vivencias dolorosas de la víctima hagan intolerable la posibilidad de nuevos casos similares a los de la sargenta.
De momento, la Delegación del Gobierno de España en Canarias, la Dirección General de la Guardia Civil y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, se han negado a su obligación de actuar de oficio.
Claramente, eso no es normalidad democrática.
Manuel Marrero Morales
Portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias
