A nadie se le escapa que vivimos en un momento de cambio político con amplios horizontes en el que comienzan a disputarse nuevos espacios para la ciudadanía y las instituciones. El proceso es irreversible y algunos tratan ya, con acierto, de hablar de segunda transción.
En este marco, parece claro que una de las fracturas más intensas es la que tiene que ver con el modelo territorial. Ejemplos claros a esto, son las aspiraciones de Cataluña a poder construir con libertad un documento normativo que rija su vida como comunidad, y en última instancia, la capacidad de dicernir sin cortapisas su futuro como pueblo. Y también otro que nos coge más cercano, es la necesidad imperiosa de las Islas Canarias de asumir las competencias suficientes para decidir su modelo energético, social, y hacer así un ejercicio de soberanía, frente a un Gobierno atrincherado en una Constitución que, lejos de ser garante de derechos y libertades, sirve al interés de una minoría contraria al progreso social.
Así las cosas, los partidos políticos comienzan, mayoritariamente, a tomar el modelo territorial como punto esencial del debate político, y para muestra tenemos un proceso electivo abierto en el seno del PSOE, en el que los tres candidatos repiten hasta la saciedad y confluyen en la necesidad de avanzar hacia un federalismo. Concluyéndose por tanto, que uno de los pies más sólidos que sustentan la mesa de la Constitución como el PSOE, comienza a cojear, y el Parlamento (con la excepción mayoritaria del PP) y los movimientos sociales van en la línea de transformar y modificar el encaje de los diferentes territorios en el Estado (si es que este encaje pudiera darse).
En este sentido, ante un proceso similar, las Islas Canarias ya nos vimos postergadas a un plano secundario que casi lo calificaría de ridículo, y los temores de que vuelva a repetirse la misma situación parecen tener una presencia más que jusitificada.
Corrían los primeros años de la década de los ochenta, con la Constitución Española recién sacada del horno, cuando las denominadas nacionalidades históricas de País Vasco y Cataluña primero, y Galicia después, conformaban su Autonomía, haciéndolo por la denominada vía rápida, concerniente al art. 151 de la Constitución y cuyo mecanismo permitía adquirir el mayor número de competencias en el menor tiempo posible, así como la habilitación para impulsar un hipotético proceso de reforma. Dicha vía estaba reservada esxclusivamente para aquellas comunidades que en el pasado hubieran votado algún proyecto de Estatuto de Autonomía y en el momento de promulgarse la Constitución tuvieran regímenes preautonómicos.
En torno a esto, y haciendo memoria, debemos decir que en nuestro Archipiélago el 6 de julio de 1936 se celebraba una Asamblea en la Federación Patronal de Comerciantes, a la que asistieron los presidentes de las Mancomunidades Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. En dicha asamblea se acordó que las dos Mancomunidades presentaran el Estatuto a mediados del mes de agosto y que, después de una reunión final, se remitiera a los ayuntamientos de las Islas para su estudio y aprobación. Sin embargo, el Golpe de Estado de ese mismo mes truncó su aprobación definitiva.
A pesar de esto, y contra todo pronóstico, y mientras territorios como Andalucía accedían por la vía del art. 151 sin autogobierno, ni estatuto alguno previo al golpe, a las Islas Canarias se nos sacó del mapa de las nacionalidades, obviando la realidad histórica de nuestra tierra y una incipiente necesidad de cambio político y social, en el cual la autonomía y la independencia vertebraban los idearios de amplios sectores poblacionales.
Por tanto, nuestro archipiélago, con la connivencia y complicidad de unos interlocutores y portavoces creados ad hoc sin raigambre popular, tuvo que acudir por la deshonrosa vía lenta del artículo 143, junto con Comunidades Autónomas, tan alejadas de nuestra tesitura político-social, como Murcia, la Rioja o Castilla- La Mancha, en lo que significó una pieza fundamental, y al mismo tiempo la más avergonzante del ya tan renombrado pacto colonial.
Ahora, en el s.XXI, la nueva transición que viene parece obedecer a distintas voces, que van desde el federalismo simétrico, asimétrico, pasando por ahondar en las autonomías o la ratificación del derecho a decidir. En cualquier caso, espero que no volvamos a tropezar nuevamente con la piedra que es pensarnos menos de lo que somos o exigir menos de lo que nos pertenece. No cabe otra, que estar ojo avisor, ciudadanía e instituciones, para situar nuestras ambiciones territoriales en un plano adecuado a nuestros intereses soberanos, y que tan esquilmados se encuentran, precisamente fruto del modelo territorial actual. Sabiendo que muchos de los que hoy nos gobiernan son precisamente los que nos vendieron en el pasado, la involucración en la lucha de la sociedad canaria por mejorar las condiciones de vida en esta tierra debe ser el motor principal que guíe esta empresa.
* Borja Rubio es jurista y politólogo
