"Estoy leyendo la noticia y me puede la rabia y la impotencia? Desde luego uno ya no está tranquilo, ni sabe dónde llevar a los niños y dónde no". Mensajes como éste, recibidos en el foro de lavozdelanzarote.com, ...
"Estoy leyendo la noticia y me puede la rabia y la impotencia? Desde luego uno ya no está tranquilo, ni sabe dónde llevar a los niños y dónde no". Mensajes como éste, recibidos en el foro de lavozdelanzarote.com, resumen el sentimiento de muchos padres, tras volver a leer el crudo relato de los hechos que se juzgarán el próximo miércoles en Arrecife.
Independientemente de la sentencia que termine dictando la Justicia, es inevitable que este caso, que se denunció en el verano de 2008 y que llega ahora a juicio, ponga los pelos de punta. Las supuestas víctimas sólo tenían entre 10 y 12 años y pretendían disfrutar de un campamento de verano en La Santa, compartiendo las vacaciones con niños de su edad. Sin embargo, han terminado declarando en un Juzgado, para denunciar las presuntas vejaciones a las que les sometieron dos monitores.
El relato es espeluznante. Tanto que hasta cuesta reproducirlo, ya que los niños aseguran que tuvieron que escuchar frases tan humillantes como "gordo, seboso, la tienes como un chocho", mientras les hacían mostrarse desnudos ante sus compañeros. "Les quitaron las toallas, les abrieron las cortinas mientras se duchaban, haciendo que las niñas de su misma edad les vieran desnudos, agarrándoles las manos y los pies para que no pudieran taparse", relata el fiscal en su escrito de acusación, en el que también sostiene que una noche les obligaron a salir de la habitación y a hacer flexiones y abdominales mientras les mojaban "con agua fría y a presión con una manguera".
¿Es cierto el relato aportado por seis menores que denunciaron los hechos? Eso lo tendrá que determinar el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife pero, sólo con que fuera cierta una mínima parte de lo que cuentan los niños, ya sería imperdonable.
La petición de siete años y medio de cárcel por seis delitos contra la integridad moral también ha generado un debate, ya que a algunos les puede parecer excesiva, comparada con las penas que contempla el Código Penal para otros casos.
Sin embargo, ni siquiera se pide la pena máxima, que puede ser de hasta dos años de cárcel para este delito. En realidad, el fiscal pide un año y tres meses de prisión, pero multiplicado por cada una de las supuestas víctimas. Y es que según la denuncia, no fue un hecho aislado contra un niño, sino una conducta repetida al menos con seis de los menores que participaron en ese campamento. Por eso, aunque estos hechos puedan parecer "menos graves" frente a otro tipo de delitos, en caso de ser ciertos, reflejarían una conducta más que preocupante.
¿Qué tipo de macabro placer se puede obtener humillando e intimidando a chiquillos que quizá salían por primera vez de casa? ¿Qué tipo de persona es capaz de hacer algo así? ¿Qué confianza pueden tener los padres, ahora que estamos en plena etapa veraniega, para enviar a sus hijos a un campamento pensando que es lo mejor para ellos, si temen que pueda convertirse en una pesadilla?
Más allá de si se prueban o no los delitos, evidentemente algo pasó en aquel campamento para que seis niños acabaran acudiendo con sus padres a los Juzgados. De hecho, sólo con lo que ya hay sobre la mesa, la organización de ese campamento ha quedado más que en entredicho. Y en eso, tiene buena parte de culpa el Cabildo, al que el Fiscal incluye en su escrito de acusación como responsable subsidiario, pidiendo que responda, junto a la empresa organizadora del campamento, del pago de las indemnizaciones que reclama para cada niño.
Y es que el responsable último de ese campamento era el Cabildo de Lanzarote, como organizador de la actividad, y eso podía dar una confianza añadida a los padres que decidieron enviar a sus niños. Sin embargo, la gestión quedó en manos de una empresa privada, "Extraocio S.L.", y desde luego determinadas condiciones de la organización no parecen las más adecuadas.
La investigación judicial, al margen de las presuntas vejaciones, ha puesto sobre la mesa también la capacitación de las personas que estaban a cargo de los niños. Uno de los monitores, que también está imputado pero será juzgado en otro proceso, precisamente por ser menor de edad, sólo tenía 17 años. Es decir, casi un niño cuidando de otros niños. En cuanto al otro monitor acusado, el fiscal subraya que "carecía de cualquier tipo de cualificación o titulación para el desempeño de las funciones de monitor de menores de edad", y además tenía antecedentes penales, por conducir bajo los efectos del alcohol. Puede que esto último no tenga nada que ver con las funciones que iba a desempeñar, pero desde luego no parece la persona más idónea ni el mejor modelo para enseñar actividades de ocio a niños de entre seis y doce años que iban a ese campamento.
Por eso, independientemente de lo que suceda en el juicio, esto debe servir de ejemplo para revisar cómo se organizan este tipo de actividades. Y no se trata de que los padres eviten ahora los campamentos ni de que éstos dejen de celebrarse (como ha sucedido con el de La Santa desde ese verano de 2008), sino de organizarlos con todas las garantías, para que los padres puedan recuperar la confianza y estar seguros de que dejan a sus hijos en las mejores manos.
