Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazaba las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos y Vox a la nueva ley educativa elaborada por el Gobierno. La votación dejó claras dos cosas. La primera es que una mayoría de la Cámara somos partidarios de derogar la nefasta LOMCE o Ley Wert, impuesta por el PP hace siete años y que ha hecho mucho daño a nuestro sistema educativo. Y la segunda es que en esta mayoría parlamentaria apostamos por una nueva Ley de Educación, basada en la que propuso Rodríguez Zapatero en 2006 (LOE), de amplio consenso para que sea duradera en el tiempo, que priorice la enseñanza pública y diseñada para toda la comunidad educativa.
Sectores ampliamente mayoritarios de este país y de la propia comunidad educativa vienen reclamando un sistema educativo moderno, menos rígido, multilingüe y cosmopolita que desarrolle todo el potencial de la juventud. Lo hacemos desde la convicción de que una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país, y, por eso, muchos nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación, pero desde la perspectiva de que la calidad y la equidad van estrechamente unidas. De hecho, la LOE se trazaba como objetivo irrenunciable proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos y en todos los niveles del sistema educativo.
Hemos tenido demasiadas leyes educativas en este país desde la aprobación de la Constitución. Pero, lo más grave lo hemos presenciado en los últimos años con los gobierno de derechas, ya que la educación, en especial la pública, ha sido una de las víctimas de la crisis financiera de 2008 al tener que soportar fuertes recortes. Sin embargo, la misma crisis ha puesto de manifiesto entre los jóvenes la importancia de la educación y la formación para el desarrollo integral de sus vidas. Por eso, la nueva Ley persigue el aumento las oportunidades educativas y formativas de toda la población, así como la mejora de los resultados educativos del alumnado.
Sabemos que para poder garantizar una educación de calidad a toda la ciudadanía es imprescindible el compromiso de todos los componentes de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad. Como sabemos que un papel muy relevante lo desempeñan los docentes, para quienes la nueva ley propone mejorar su capacitación, promover la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, incrementar la inversión en recursos humanos y fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Vamos a revertir la Ley Wert reformando y mejorando la LOE e incluyendo la perspectiva de derechos de la infancia y el bienestar de niños y niñas entre los principios rectores del sistema. También se adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Asimismo, planteamos un enfoque transversal orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes, por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.
La nueva Ley ahonda en el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa, como hemos constatado durante el confinamiento. Y, por último, es una Ley de Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial que incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional. En estos tiempos, resulta muy esperanzador que la nueva ley ofrezca mecanismos de aliento a profesores y alumnos para desarrollar los valores de la ciudadanía democrática, la vida en común, el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
