Tienen derecho a salir a la calle. Es legítimo que se concentren y que enarbolen pancartas en su tiempo libre. Pueden protestar contra una medida que consideran que puede perjudicarles, como es la privatización de los ...
Tienen derecho a salir a la calle. Es legítimo que se concentren y que enarbolen pancartas en su tiempo libre. Pueden protestar contra una medida que consideran que puede perjudicarles, como es la privatización de los aeropuertos españoles. Incluso, legalmente también tienen derecho a convocar huelgas. Pero lo que no pueden hacer es vendernos que lo hacen "por nuestro bien".
Tras el desastre provocado por los controladores aéreos, ahora es el conjunto de los trabajadores de Aena el que amenaza con nuevos paros, como continuación a las protestas que vienen protagonizando contra la privatización parcial del ente público. Y a la espera de ver el perjuicio que pueda causar en su momento, ya que los paros están anunciados en plena Semana Santa y en verano, el primer daño ya está hecho.
Sólo los titulares anunciando esos posibles paros suponen que muchos turistas se puedan estar replanteando sus próximas vacaciones, ante la amenaza de verse tirados durante horas en un aeropuerto, o con el riesgo de vuelos cancelados. Y es que por más que se establezcan servicios mínimos, obviamente el funcionamiento de los aeropuertos se verá afectado. Por eso, incluso aunque finalmente no se llegara a una huelga, ya se podrían haber perdido turistas, en el caso de los que estén programando ahora sus próximas vacaciones de Semana Santa.
Pero por si ese daño al que están sometiendo a la economía de España, y en particular de Lanzarote (por no hablar del perjuicio a los vecinos de esta isla que quieran o necesiten viajar en esas fechas) no fuera suficiente motivo de indignación, a eso hay que sumar las rocambolescas justificaciones de los sindicatos.
Como casi siempre que los trabajadores públicos anuncian una huelga, ahora intentan convencernos de que su protesta no es sólo laboral. Aseguran que con la privatización empeorará el servicio que Aena presta a los ciudadanos, que podrían cerrarse aeropuertos y hasta se atreven a insinuar que podría descuidarse la seguridad. En definitiva, intentan trasladar a la sociedad sus propios miedos. Y sus miedos, por más que intenten disfrazarlos, no están en que los aeropuertos vayan a ser mejores o peores.
Aquí, como en todas las protestas, lo que defienden son sus puestos de trabajo, sus sueldos y sus condiciones laborales. Y para ello, utilizan la supuesta defensa de las empresas públicas. ¿Alguien ha visto alguna vez convocar un paro o una protesta de los trabajadores de Aena por la falta de inversiones que ha recibido el aeropuerto lanzaroteño? ¿O porque no se realiza la demandada ampliación de la pista? ¿O por el caos que generó hace sólo unos meses el cambio del sistema de aterrizaje, que supuso decenas de cancelaciones de vuelos?
Sinceramente, sería mejor llamar a las cosas por su nombre, porque cada vez cuesta más que el resto de la sociedad comulgue con ruedas de molino. No se trata tampoco de demonizar a los funcionarios ni a los trabajadores públicos, pero sí de cuestionar los métodos que utilizan algunos de ellos. Y es que por más justa que pueda ser una reivindicación, el problema es que en su lucha contra la administración, terminan poniendo como escudo, cuando no como rehenes, al resto de los ciudadanos.
La seguridad laboral de la que gozan los empleados públicos, y por supuesto el arma que tienen en sus manos al prestar servicios esenciales, hace que quien termine pagando las consecuencias de sus protestas sean los que menos culpa tienen. Y lejos de evitarlo, lo utilizan como arma de presión, porque saben el daño que puede causar una huelga en áreas como la sanidad, la educación o, en este caso, el transporte aéreo.
Por eso, no pueden pedir comprensión al resto de la sociedad, y menos aún, en la actual situación de crisis económica. A día de hoy, hasta conservar el empleo parece un privilegio para la mayoría de los trabajadores y, por eso, cuesta aún más solidarizarse con los "problemas" laborales de los empleados públicos. Y más teniendo en cuenta que para defenderlos, están poniendo en juego la economía de la isla, y complicando la esperada recuperación del turismo, que podría volver a generar empleo.
Sin duda, ellos tienen derecho a la huelga, pero el resto de los ciudadanos, que probablemente trabajan más horas, por menos dinero y en peores condiciones, también tienen derecho a indignarse.
