“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
En relación a la vivienda, esto es lo que nos cuenta la “sacrosanta” Constitución redactada en 1978. Es la norma suprema del ordenamiento jurídico de este Estado en el que nos ha tocado vivir.
No es que sea yo un defensor acérrimo de esta, teniendo en cuenta que ha quedado obsoleta con tan solo 46 años y que sirvió para “transicionar” a regañadientes de una criminal dictadura y que no tiene en cuenta las particularidades de los territorios donde ordena; pero es que ni los llamados constitucionalistas son capaces de aplicar la norma.
Parece que tan solo utilizan el libro para tirárselo a la cara a quien le pone las nuevas ―o no tan nuevas― realidades sobre la mesa. Hoy por hoy, no se cumple el derecho a disfrutar de una vivienda digna, ni los poderes públicos hacen efectivo este derecho evitando la especulación, ni la comunidad participa de las plusvalías que genera la acción urbanística.
Al Gobierno de Canarias, a cabildos y a ayuntamientos tampoco parece importarles mucho la situación. No se si por incompetencia, por dejadez o por intereses que desconocemos ―o no desconocemos―, pero también se han encargado de llevar a los ciudadanos a una situación insostenible. Y recordemos que ha habido gobiernos, presidentes y alcaldes de diferentes partidos y pelajes, incluso los llamados progresistas. Es evidente que la mercantilización de la vivienda
trae problemas para mucha gente y beneficios para unos pocos que suelen ser los de siempre.
Tristemente, nuestros gobernantes se suelen alinear más con estos pocos que con la gran mayoría social. Conocimos hace unos días a través de La Voz de Lanzarote, y según el portal Fotocasa, que el precio del alquiler en el archipiélago ha subido un 137 % en la última década. En el mismo periodo de diez años, según un portal de ofertas de empleo, los salarios tan solo subieron un 6 %. Los datos son escandalosos y dan auténtico pavor.
Lanzarote, cómo no, es un claro ejemplo de este disparate. Tenemos precios de compra desorbitados, hay más de 20.000 viviendas vacías y contamos con más de 8.000 viviendas vacacionales. Si buscamos en los portales inmobiliarios que todas y todos conocemos, encontraremos menos de 15 viviendas en alquiler de larga temporada, por supuesto, con precios impagables para las y los trabajadores. En nuestra isla hay hoteles haciendo tretas para hospedar a sus empleados porque estos no tienen donde vivir, vamos, lo que faltaba, que tu empleador sea a la vez tu casero.
La sensación de no poder construir un hogar con todo lo que eso conlleva es desesperante. Los amantes del ladrillo y el cemento hablan de que no se ha construido vivienda social, y es cierto, pero… ¿Es necesario con 20.000 viviendas vacías? ¿Tenemos que seguir gentrificando los barrios con las más de 8.000 viviendas vacacionales a costa de perder vecinos? Lanzarote es Reserva de la Biosfera, ¿crecemos en el Jable, en el Malpaís de la Corona o en Los Ancones?
¿Tenemos recursos para crecer cuando le estamos negando el agua para los tomates y las papas a nuestros agricultores? Y lo más importante: ¿el crecimiento sin medida, en el que ya estamos inmersos, nos está suponiendo un aumento de bienestar?
Hace tiempo pensaba que tener una educación pública de calidad, una sanidad pública con el mejor personal e instalaciones y una vivienda digna que poder convertir en hogar eran derechos incuestionables. Ya hemos perdido uno de ellos y estamos cerca de perder los otros dos. Listas de espera interminables, cada vez más inyección de dinero público a las clínicas privadas, alumnos en barracones, escuelas con instalaciones inadecuadas que obligan a enviar a los chinijos a casa para que no ardan con las cada vez más frecuentes olas de calor y viviendas carísimas a 30 años con abusivos intereses y que se llevan casi el sueldo íntegro. Nos queda algo, nos queda la esperanza de que cuando muera la pobre de tu abuela, tengas una vivienda que se convierta en tu hogar… aunque algunos, seguro, la convertirán en un AirBnb.
Rafa Jiménez - portavoz de Drago Canarias.
