El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a la población que participe en el periodo de consulta pública sobre el Real Decreto que regulará la recogida y el intercambio de datos de alquiler y alojamientos temporales.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado la creación de la Ventanilla Digital Única de Arrendamientos, una doctrina que viene de Europa, y ha destacado que "cualquiera que quiera alquilar su vivienda por corta duración deberá estar registrado y obtener un número de identificación", sino no podrá publicitar dicha vivienda.
A partir de este pasado lunes y hasta el próximo 8 de octubre, la población podrá hacer llegar sus observaciones sobre la iniciativa. En este momento, se trata de una consulta previa, es decir, que aún no está expuesto el borrador o los borradores que surgirán de las inquietudes ciudadanas y las directrices europeas y se discutirán posteriormente en Consejo de Ministros para su aprobación.
El pasado 11 de abril, la Unión Europea aprobó el Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos de los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Este nuevo reglamento establece una serie de obligaciones y regulaciones para los servicios de alquiler de corta situación e insiste en que se deberá crear una Ventanilla Digital Única.
Problemas que busca solucionar
El Gobierno Español ha resaltado que aunque los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración "crean muchas oportunidades para los huéspedes, los anfitriones y todo el ecosistema turístico, su rápido crecimiento ha suscitado preocupaciones y ha planteado retos, en particular para las comunidades locales y para las autoridades". Entre los problemas que ha causado, expone la disminución del número de viviendas que se destinan al arrendamiento de larga duración y el aumento de los precios de los alquileres y la vivienda.
El Ejecutivo español busca paliar así la "falta de información fiable" en las plataformas de alquiler de corta duración, ya sea turístico o residencial temporal. Así, ha indicado que "la falta de dicha información dificulta que las autoridades evalúen el impacto real" que tienen estos servicios y "apliquen respuestas políticas adecuadas y proporcionadas". También pretende atajar el "porcentaje relevante de arrendamientos" que se encuentran "en situación de fraude de ley".
