Los vecinos de Valterra han decidido contratar asesoramiento jurídico tras un año y medio de espera ante la falta de respuesta del Cabildo de Lanzarote en la cesión de las 70 viviendas que siguen pendientes de traspasar a sus ocupantes en este barrio de Arrecife.
El pasado marzo de 2023, el anterior grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote, presidido por Dolores Corujo (PSOE), adquirió las 70 viviendas de Valterra para luego "continuar con el trámite administrativo" y cederlas a sus legítimos propietarios. En mayo, semanas antes de las elecciones, la socialista trasladó a los residentes que la cesión estaba pendiente de recoger la escritura en Madrid, y que luego el Cabildo debía comenzar los trámites de inscripción en el Registro y en el Catastro.
Tras la llegada al poder del nuevo grupo de Gobierno, presidido por Oswaldo Betancort (CC), los vecinos denuncian que llevan dieciocho meses esperando a que la primera institución insular concluya los trámites burocráticos para que los inmuebles les sean entregados. Ante la falta de respuesta, han optado por mediar a través de una abogada.
"Nos va a costar un buen dinero porque no han querido la colaboración de la Asociación que se la hemos ofrecido y están negando la mayor. Ahora vamos a ver por dónde van a actuar", expone Antonio Betancort, presidente de la asociación de vecinos afectados por esta situación.
El objetivo no era que las viviendas se integraran en el patrimonio insular, sino que fueran cedidas finalmente a "quienes acrediten su condición de legítimos propietarios", con el objetivo de zanjar una reivindicación histórica para el barrio. Sin embargo, estos ciudadanos no han encontrado respuestas en la primera institución insular hasta el momento.
Este mismo martes y ya en compañía de la asistencia letrada de los vecinos, Antonio Betancort ha mantenido una primera reunión en la sede del Cabildo de Lanzarote. "Hoy tuvimos una pequeña toma de contacto y lo que le han dicho a la abogada es más o menos lo mismo que al principio, que van a ir a Madrid, que han tenido un contacto con la directora del Instituto y los servicios jurídicos y que van a empezar ellos a maniobrar, supongo a partir de enero", ha indicado.
En esta línea, Antonio Betancort ha asegurado que desde el Cabildo le dicen que "hay una cláusula que tienen ellos que revisar o gestionar, porque algo hay mal en la escritura y vamos a esperar a ver si subsanar ese error".
Sin embargo, el representante de los vecinos afectados ha señalado que los responsables "tienen las escrituras, la donación, desde que entró el nuevo Gobierno. Tomaron posesión y a los dos días reciben la donación de la vivienda".
Así pues, ha señalado que "por más que hemos estado reuniéndonos, pidiéndonos información, la contestación siempre es la misma: 'estamos en ello, queremos hacerlo, no estamos haciendo política'", pero les ha afeado que hayan hecho un mitin en Valterra acusando a la asociación de no querer entregar la documentación.
"Yo no puedo dar la documentación que tengo de los vecinos, con nombres, apellidos y documentos de identidad porque está [sometida a la ley de] protección de datos. Si usted la quiere, dígame cuántas viviendas va a entregar hoy y yo le traigo a los vecinos la documentación", ha continuado. Hasta la fecha, de los 70 vecinos afectados, solo 14 faltan por recoger su documentación.
Viviendas sociales
El Instituto Social de La Marina construyó alrededor de doscientas viviendas en 1955, con la participación de las conserveras, para que fuera utilizadas por los empleados de las mismas como viviendas de protección oficial. El Estado entregó 130 de ellas a los inquilinos, mientras que sobre las otras 70 se inició un pleito. Las tres empresas conserveras reclamaron entonces las propiedades y, hasta ahora, los vecinos y vecinas han vivido con el temor a ser desalojados y sin poder intervenir en ellas al no tener reconocidos sus derechos legales.
