La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, dirigida por Jéssica de León, ha ofrecido en la mañana de este miércoles un desayuno informativo para informar sobre los avances del proyecto de la futura ley canaria de Vivienda Vacacional y atajar algunas polémicas sobre su aprobación.
En primer lugar, el Área ha asegurado que tras la aprobación de la ley "no podrá implantarse ninguna vivienda vacacional más si el planeamiento urbanístico no habilita expresamente ese uso", al menos, durante los siguientes cinco años. Esta nueva norma, cuyo primer borrador se dio a conocer a principios de 2024 y aún sigue en tramitación, deja en manos de los ayuntamientos la implantación de "un efecto de contención o moratoria turística". Según ha informado el Área, "la decisión de cuántas, cómo y dónde" podrán implantarse las nuevas viviendas de uso turístico será de los 88 consistorios canarios.
Asimismo, la Consejería, dirigida por el Partido Popular, ha criticado la norma de 2015, aprobada por su socio de Gobierno regional, Coalición Canaria y ha defendido que esta nueva norma "supone otro giro de 180 grados frente a la situación actual", donde "el libre albedrío del propietario y el mercado eran los factores decisivos".
Por el momento, la norma contempla que las personas propietarias que ya tengan dadas de alta su vivienda vacacional podrán seguir explotándola "de manera indefinida", pero que no podrá transmitirse con su venta, mientras que lo distingue de los explotadores no propietarios.
Limitaciones de vivienda residencial
De acuerdo con la documentación remitida por la Consejería a La Voz, la ley "garantiza una reserva adecuada" para el uso residencial de las viviendas y garantizar el acceso de la población a "una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles". Aunque no especifica con qué medidas ni cuáles serán los limites planteados.
En este sentido, defiende la integración de las viviendas turísticas "en los entornos residenciales", garantizando "la calidad de vida de los residentes por encima de todo". Asimismo, contempla que los suelos de mayor ambiental y patrimonio arquitectónico y etnográfico tradicional sean "para el turismo rural".
Declaración responsable y control
Actualmente, quien quiera explotar una vivienda vacacional debe presentar una declaración responsable. Turismo mantiene este régimen, pero incorpora "la necesidad" de acompañarlo de "documentación técnica y complementaria", donde se vele por el cumplimiento de las condiciones de "seguridad, salubridad, accesibilidad, técnicas, de actividades clasificadas, sectorales y propiamente turísticas".
Al mismo tiempo, obliga a cabildos y ayuntamientos a programar, "dentro de su actual compentencia", comprobaciones y controles de las declaraciones responsables. El Cabildo de Lanzarote deberá velar por que se cumpla la parte turística, mientras que los ayuntamientos lanzaroteños tendrán que hacerlo en materia de actividades clasificadas y urbanismo. En este sentido, podrán disponer de encomiendas de gestión, encargos a medios propios o delegar las competencias en esta materia.
En este punto, la ley contempla la creación por parte del Gobierno de España de la ventanilla única digital para "fiscalizar y depurar la oferta de viviendas en plantaformas". Inicialmente, esta labor se encomendará a los registradores de la propiedad. Además, esta iniciativa "permitira, en plazos muy breves, eliminar la oferta ilegal o irregular".
Prohibiciones y "líneas rojas"
El proyecto de ley "excluye de manera radical" que se implanten de "forma masiva" las viviendas vacaciones "en solares de uso residencial", y que prohibe "de manera tajante la posibilidad de futuros nohoteles, pseudohoteles o parahoteles".
Asimismo, las viviendas de protección oficial no se podrán destinar al uso turístico y además las nuevas viviendas no podrán incorporarse al uso turístico hasta que transcurran diez años desde su terminación, con el fin de "evitar la especulación".
