La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha confirmado a La Voz que Visocan (Viviendas Sociales de Canarias, S.A) está inmerso en un proceso de licitación para comprar cientos de viviendas vacías y contribuir así a dar respuesta a la situación de la vivienda que existe en las islas.
El anuncio lo llevó a cabo el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez, durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias para explicar los avances de su departamento en esta materia.
Rodríguez explicó que en el marco de las mesas de trabajo acordadas en la I Conferencia de Presidentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, más de 100 expertos del sector público y privado propusieron 14 iniciativas para incrementar la oferta habitacional y facilitar el acceso a una vivienda adecuada para la población canaria.
Entre las propuestas planteadas, se destaca la necesidad de ampliar las deducciones autonómicas en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual.
Esta medida beneficia "por un lado, al arrendatario al ampliar los beneficiarios de la actual deducción en la cuota íntegra del impuesto por alquiler de vivienda habitual, elevando el límite de renta que permite el acceso a la misma y su cuantía y, por otro, al arrendador, mejorando la intensidad de la reducción estatal de los rendimientos por el arrendamiento del inmueble, actualizando la deducción en cuota por gastos en primas de seguros de crédito para cubrir impagos de renta, flexibilizando el incentivo para la materialización de la RIC en viviendas protegidas en arrendamiento, eliminando la restricción subjetiva existente".
Asimismo, se expone establecer bonificaciones para propietarios que alquilen las viviendas vacías en el mercado de alquiler social, con deducciones fiscales y exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
En lo que respecta a la compraventa de vivienda, se sugiere flexibilizar los requisitos para la aplicación del tipo reducido del 5% en el IGIC en la compra de vivienda habitual, en el Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD).
Además, se ha planteado la posibilidad de regular la habilitación de terceros colaboradores para realizar una gestión eficiente de las licencias urbanísticas; establecer un sistema de “ventanilla única” para la tramitación de licencias de construcción en los municipios, centralizando las gestiones y agilizando los procesos y; crear un catálogo del suelo disponible y susceptible de ser destinado a la construcción de viviendas protegidas, entre otras.
El consejero ha insistido en que “el equipo de la Consejería ha trabajado de manera incansable durante este primer año para impulsar medidas que diesen respuesta a la emergencia habitacional, prueba de ello ha sido la aprobación del Decreto-Ley 1/2024, el pasado 19 de febrero, que ha permitido dotar a las administraciones locales de los instrumentos necesarios para abordar esta crisis”.
Nuevo decreto para "agilizar licencias urbanísticas"
En este sentido, el consejero ha informado de que el ejecutivo se encuentra trabajando en estos momentos en un nuevo decreto destinado a agilizar las licencias urbanísticas, minimizar la burocracia y acortar los plazos y los trámites.
“Esta nueva norma que se propone es un complemento al decreto anterior. Esta iniciativa busca simplificar los procedimientos administrativos, de manera que los plazos para la aprobación de licencias se reduzcan significativamente. Con esta reforma, se pretende que en un plazo de un mes se puedan iniciar las obras de construcción, lo que no solo facilitará el acceso a la vivienda, sino que también contribuirá a mitigar la actual escasez de oferta en el mercado inmobiliario”, ha explicado Rodríguez.
Rodríguez ha recordado que “la solución a la falta de inmuebles pasa por aumentar de manera decidida la oferta”, es por ello que el decreto ley agiliza los trámites para la construcción de nuevas viviendas protegidas apoyando a los jóvenes y a colectivos vulnerables, impulsar la colaboración público-privada como fórmula para incrementar la oferta de vivienda en el mercado, facilita la compatibilidad de uso residencial y uso turístico y recupera suelo urbanizable residencial.
Esta norma, que lleva ocho meses en vigor, incorpora la posibilidad de recalificar edificaciones y locales para uso residencial y rehabilitar urbanizaciones no terminadas.
Asimismo, el Gobierno de Canarias se encuentra trabajando en la búsqueda de herramientas que faciliten la reformulación del actual programa de ‘Vivienda vacía’ para incentivar la puesta en el mercado de más inmuebles. En esta línea, Rodríguez ha anunciado que se ha reunido con la Asociación Canaria de Gestión Inmobiliaria “con el ánimo de buscar garantías jurídicas y económicas y estudiar medidas concretas que permitan dar tranquilidad a los propietarios proporcionando seguridad en el cobro de las rentas, en la gestión y en el mantenimiento del inmueble, para que incluyan sus viviendas en el mercado de alquiler a través de un programa público”.
“Una de las soluciones que estamos valorando es la posibilidad de contratar seguros que cubran estos riesgos, algo que actualmente las administraciones no pueden garantizar de forma completa sin externalizar”, ha puntualizado.
