La crisis de vivienda que sacude a los países del sur de Europa estalla por todas sus costuras y hace cada vez más complicado para los residentes encontrar un espacio decente y asequible en el que vivir. Miles de personas se han manifestado en España en el último año exigiendo a las instituciones públicas que cumplan el artículo 47 de la Constitución Española que vela una "vivienda digna y adecuada" y obliga a la clase política a "promover las condiciones necesarias y establecer las normas" para que se cumpla.
A pesar de que el aumento de los precios de la vivienda es un problema en todo el país, en las islas Canarias y Baleares se vive una situación más acuciante que en el resto del Estado. Esta situación dramática se agrava en las zonas de litoral, en las islas y en los espacios turísticos. En un año, los precios de la vivienda aumentaron un 11,5% en ambos archipiélagos y superaron con creces los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2008 (datos de la tasadora Tinsa). Además, el precio del alquiler en Canarias ha aumentado un 17,4% en el último año, de acuerdo con el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, y se sitúa entre los seis más caros del país.
En los últimos años, un término que nació a finales de los años 60 en la literatura anglosajona, se ha popularizado y se usa para poner nombre al desplazamiento de la población local de sus barrios: la gentrificación.
Gentrificación o cómo los locales son expulsados de sus barrios
En sus orígenes, el término gentrificación "venía a expresar el proceso de sustitución social que se da en un barrio, cuando colectivos o vecinos con un nivel de renta más bajo son sustituidos por otros que llegan de fuera con una renta más elevada", expone el catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas, Juan M. Parreño, que ha centrado sus 30 años como investigador en el estudio de la ciudad y el espacio turístico, en particular, en las desigualdades sociales, la inseguridad residencial y las migraciones internacionales. El concepto inicial de gentrificación se centraba en barrios que "habían tenido un proceso de degradación, de empobrecimiento previo" pero que, a pesar de eso, "tenían ciertas potencialidades" y unos precios más bajos y por eso "clases más pudientes compraban inmuebles en la zona".
En la actualidad, el concepto se ha extendido y "se utiliza en un contexto mucho más amplio" para hablar de cualquier tipo de desplazamiento social que esté "vinculado al encarecimiento de la vivienda". Parreño explica que, en Canarias, "buena parte de la gentrificación está asociada a procesos de turistificación".
"La gentrificación es la consecuencia, pero las causas son diversas", puntualiza el doctor en Geografía Humana por la Universidad de Cardiff, Agustín Cocola, que también es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Así, señala que existen dos principales motivos que promueven la expulsión de los locales de sus barrios: el papel del turismo en la proliferación de viviendas vacacionales y, el gran olvidado, el uso de la vivienda como "un activo de inversión".
Aunque de la polémica en torno a la vivienda turística se ha hablado largo y tendido, la especulación inmobiliaria como causa del encarecimiento de la vivienda y la pérdida de identidad de los barrios ha quedado a un lado en el debate. Cocola, también investigador del Instituto de Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Lisboa (IGOT), resalta que "hay mucha gente que compra segundas residencias, no para usarlas, simplemente para depositar en ella sus ahorros", donde tiene un papel importante ser o no un destino turístico. "La gente compra normalmente en destinos turísticos porque pueden pasar sus vacaciones y, al mismo tiempo, son lugares donde los precios de la vivienda siguen subiendo y eso da rentabilidad".
Canarias es una de las comunidades autónomas donde más viviendas son adquiridas por parte de extranjeros no residentes. A lo largo de 2024, cerca de tres de cada diez propiedades que se vendieron en las islas fueron compradas por extranjeros, según el Colegio de Registradores de la Propiedad. Los locales, con sueldos un 31,9% por debajo de la media europea (datos de 2023) y entre los tres más bajos del país, compiten en el mercado con el resto de ciudadanos europeos para adquirir una vivienda. "Cuando hay mucha inversión extranjera los precios de la vivienda de esa zona aumentan y la gente que no lo puede pagar se tiene que ir", expone Cocola. Algunos partidos regionales han planteado restringir la compra de viviendas a los no residentes, una medida muy controvertida por ser parte de un Estado miembro de la Unión Europea.
Cocola indica que la situación actual hace que la gente que esté comprando vivienda sean "multipropietarios" y pongan como apoyo esa primera vivienda para comprar la segunda o la tercera. Mientras tanto, quienes acceden al mercado de la vivienda por primera vez deben tener "un apoyo familiar grande" o se ven destinados a ir "al alquiler a empobrecerse", ya que "parte de su salario irá a esos multipropietarios". Esto genera una desigualdad latente entre residentes canarios y migrantes. "Gente que migró, que su familia no compró, los hijos de los migrantes de primera generación que no consiguieron comprar, que han tenido más dificultad. Esto aumenta todavía más la desigualdad", explica el investigador de la universidad lusa.
La huella emocional de no tener un hogar
El impacto emocional en la crisis habitacional también es indudable. "La gente vive al límite, tiene trabajo, pero aún así es pobre por el alquiler. Viven con un estrés y una precariedad constante que le afecta a su vida y a su trayectoria de vida, a la educación de sus hijos", indica Agustín Cocola. Por ejemplo, "no puede separarse aunque viva relaciones tóxicas por la falta de vivienda. Es un tema bastante grave", añade. Además, supone "la pérdida del lugar, de los vecinos, sobre todo en la gente mayor que se ve aislada y se queda sola en casa porque en el barrio ya no conoce a nadie o no tiene tiendas donde comprar".
La crisis habitacional también impulsa el desplazamiento de los residentes hacia la periferia, en búsqueda de precios más económicos. "En Lisboa, donde yo vivo, el centro es para inversores extranjeros y para turistas. La gente vive a las afueras y eso implica que son lugares con pocas infraestructuras, mal conectados, sin transporte público y con pocos servicios". Esta dispersión espacial supone un coste de tiempo y dinero para los residentes, pero también "implica la pérdida de calidad de vida, no solo empobrecimiento".
¿Es posible revertir la situación?
El investigador del Instituto de Geografía y Ordenamiento de la Universidad de Lisboa alerta del riesgo de llegar a un punto donde los locales no puedan vivir en sus territorios y añade que existen diferentes medidas que se han aplicado alrededor del mundo, con más o menos éxito, para atajar esta situación. El experto expone que "el gobierno está diciendo que la crisis es por falta de vivienda que tenemos que construir más y consumir el territorio, pero eso, honestamente, no es verdad", así defiende que "existe vivienda suficiente, lo que pasa que hay un problema en el uso de la vivienda", entre viviendas turísticas, vacías y segundas residencias. Para evitar esta especulación, plantea como "solución inmediata" usar el stock de vivienda existente y "dejar de ser especulativo", es decir, "recuperar la función social de la vivienda"
Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Canadá o Ámsterdam "están prohibiendo la formación de multipropiedad, está permitido solo la compra de vivienda como vivienda principal y no se puede comprar vivienda que no sea para esos usos". Sin embargo, alerta que estas normativas supondrán "un juego de poder" entre clase política y "la presión del sector inmobiliario y de los inversores".
Al mismo tiempo, señala que el Gobierno de Canarias ha contribuido al "fenómeno especulativo" por no plantear una moratoria turística a las viviendas vacacionales cuando anunció el borrador de la ley de uso turístico de las viviendas. "Normalmente cuando se discute la ley se hace una moratoria para parar los registros hasta que se apruebe la ley", informa. En este caso, la población ha continuado registrándose para que "en el futuro cuando se cierre el registro, las viviendas que están dentro tienen un valor añadido y pueden vender la licencia en el mercado, hacer que el valor de la casa aumente". Solo en Lanzarote, desde junio de 2023 las viviendas vacacionales registradas han crecido un 84,85% hasta alcanzar las 9.600.
