El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado su informe sobre el año 2024, resaltando el problema acuciante de la vivienda en España. "Los elevados precios de compra y alquiler que han alcanzado las viviendas se han convertido en un factor que ahonda la desigualdad entre ciudadanos y condiciona su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de sus derechos", ha señalado en el documento.
El Defensor del Pueblo ha alertado que los espacios donde existe más población y se recibe más turismo es más acuciante el problema de acceso a la vivienda. "El resultado es una enorme brecha de desigualdad con consecuencias negativas en la situación social".
Así, Gabilondo ha instado a las instituciones a "actuar con la mayor determinación" para lograr "las condiciones necesarias" y adoptar las "normas pertinentes" para que se cumpla el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, como recoge el artículo 47 de la Constitución Española.
Entre las casi 400 páginas del informe, el Defensor del Pueblo dedica un apartado completo a ahondar en el problema de la vivienda. Así, ha indicado que los requisitos de solvencia para poder comprar una vivienda, más notorio en personas con "empleos precarios o escasa capacidad de ahorro", "la tensión se ha desplazado" hacia la demanda de los alquileres.
Al mismo tiempo, el aumento de los precios del alquiler supone que "muchas personas deban realizar un sobreesfuerzo para poder pagar la vivienda arrendada". Así, cifra en un 31% los hogares españoles que dedican más del 40% de sus ingresos a pagar un alquiler, "diez puntos por encima de la media europea". Mientras tanto, solo un 35% dedica menos de una cuarta parte de sus ingresos, también por debajo de los datos de la Unión.
Este problema poliédrico supone que "los ciudadanos con menores ingresos", no puedan alquilar ni comprar y que los trabajadores que deben desplazarse "no encuentran vivienda o no pueden enfrentar su precio", mientras los jóvenes "ven retrasada su emancipación".
Frente a esta situación, el Defensor del Pueblo recoge las quejas de los ciudadanos que denuncian "las largas esperas existentes, que se prolongan durante años", para recibir una vivienda de protección pública. Mientras tanto, también se ha hecho eco de las quejas ante los desahucios judiciales. Además, ha resaltado que se debe notificar a los interesados cuando se les aparta de la lista de inscritos como demandantes de vivienda pública.
En este sentido, ha recordado que las instituciones "están obligadas a resolver los expedientes con celeridad y eficacia y a destinar medios para lograrlo". Mientras que ha instado a las instituciones a usar las herramientas de la Ley de Vivienda 12/2023, que permite la declaración de zonas tensionadas y que solo han llevado a cabo Cataluña y País Vasco.
En el documento recoge que "un aumento significativo del número de viviendas públicas destinadas al alquiler, hasta alcanzar como mínimo la media europea, constituye el punto de partida indispensable para hacer eficaz la política social de vivienda".
