La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, dirigida por Jéssica de León, ha ofrecido en la mañana de este miércoles un desayuno informativo sobre los avances del proyecto de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y ha respondido a las críticas de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística y de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En primer lugar, Turismo ha respondido a ASCAV sobre la denuncia que presentó la asociación ante la Comisión Europea y que aseguró que fue admitida a trámite. "No nos consta ninguna evidencia de que dicha denuncia haya sido admitida a trámite y tampoco se tiene constancia de que se haya presentado formalmente ante la Comisión u otra instancia de la Unión Europea", ha asegurado el Área canaria.
Asimismo, el Ejecutivo canario ha defendido que "ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos en la tramitación de la Ley" y que, por tanto, esta denuncia no "ha producido" ni se espera en el "futuro" que produzca "ninguna consecuencia".
En segundo lugar, la Consejería ha recordado que "la ley aún no ha sido aprobada" y que está "en trámite parlamentario". De este modo, ha indicado que la obligación de notificar a la Unión Europea "se debe realizar antes de la aprobación definitiva de la norma".
En tercer punto, el área dirigida por Jéssica de León ha acusado a la ASCAV de "enturbiar el proceso democrático" y querer "generar confusión y desacreditar un proceso legislativo legítimo".
Por otro lado, ha respondido a la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, quien acusó al borrador de "expropiación encubierta". Así pues, la Consejería ha tachado a la plataforma de hacer una interpretación "errónea y alarmista" y ha indicado que "no existe en el texto del proyecto de ley ninguna privación o limitación absoluta del derecho de propiedad".
Turismo ha indicado que "la ley no expulsa ni desaloja a nadie de su vivienda, ni tampoco obliga al propietario del inmueble a entregar las llaves a ningún explotador". Así pues, ha continuado señalando que la normativa es "homogénea en toda España y todo el mundo debe respetar con carácter general los usos en el planeamiento".
En este punto, ha respondido así a las sanciones que han recibido algunos vecinos del sur de Gran Canaria por vivir en un establecimiento ubicado en suelo turístico. La Consejería revela que dos ayuntamientos grancanarios "se comprometieron el año pasado a iniciar los procedimientos de modificación de especialización" para suspender las sanciones que estuvieran en marcha.
