La vicepresidenta primera del Gobierno de España y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Ejecutivo central va a aprobar este martes la expropiación de uno de los símbolos de la corrupción urbanística vinculada al turismo en España. El Consejo de Ministros dará luz verde a declarar de utilidad pública las parcelas sobre las que se asienta el hotel ilegal de la playa del Algarrobico, en Almería, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y así poner fin a "un símbolo de la depredación inmobiliaria".
Después de años de polémicas y batallas judiciales, el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez va a aprobar una declaración de "utilidad pública" para los terrenos que están dentro de la zona de servidumbre de protección marítima-terrestre. Según Montero, esto será "el primer paso" hasta lograr la expropiación de la edificación y del suelo. La también secretaria general del PSOE andalúz ha explicado que, tras estos avances, podrá llevarse a cabo la demolición del hotel ilegal y estima que El Algarrobico pueda demolerse en un plazo de cinco meses, "si no hay ninguna otra incidencia o interferencia".
Al mismo tiempo, el Gobierno de España ha recordado que una parte de la finca está dentro del dominio público marítimo-terrestre, pero que el resto es responsabilidad de la comunidad autónoma, dirigida por Juanma Moreno (PP), que debe encargarse de esta parte. De este modo, Montero ha pedido al presidente andalúz trabajar de forma "coordinada" para que la demolición pueda hacerse "en su totalidad".
El caso de Lanzarote: tres hoteles ilegales, abiertos al público
Mientras tanto, en Lanzarote tres hoteles continúan abiertos al público, a pesar de ser ilegales: el Hotel Princesa Yaiza, el Son Bou y el Papagayo Arena.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia del Hotel Princesa Yaiza y entonces el propio consistorio de Yaiza señaló que era "imposible" legalizar el hotel, al tener 5.000 metros cuadrados más de lo permitido. A pesar de ello, el Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort, le otorgó a finales de 2023 la clasificación turística provisional, aunque el establecimiento hotelero no tiene licencia urbanística ni cumple con las leyes urbanísticas.
Para legalizarlo habría que derrumbar parte del alojamiento turístico, aunque el consistorio informó en ese mismo momento de que la propiedad, del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, "no hizo el proyecto de demolición que tenía que hacer," y que hasta ese momento no habían presentado nada más ni lo había intentado legalizar.
Por otra parte, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, informó durante el verano pasado que el consistorio estaba preparando la demolición del hotel Son Bou de Playa Blanca, también propiedad de Rosa, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hubiera preguntado al representante sureño por qué había llevado a cabo aún la demolición parcial de este establecimiento y cumplir con la ejecución de sentencia del año 2005. "La propiedad no ha hecho caso, lo que ha presentado no cumple y claro, a quien le piden responsabilidades es a mí", señaló entonces Noda.
Por último, el Cabildo de Lanzarote también aprobó durante el pasado verano la autorización turística del hotel ilegal Papagayo Arena. La legalización del establecimiento hotelero, que ha continuado abierto al público a pesar de que su licencia fue anulada por la Justicia en 2007 y declarada delictiva en 2016, depende del Ayuntamiento de Yaiza. El propio consistorio sureño ya concluyó que este establecimiento, localizado en una ubicación privilegiada junto al Monumento Natural de Los Ajaches, era ilegalizable. El alojamiento turístico ocupa el vial de acceso público a la playa de Las Coloradas y privatiza "de facto" la misma, además supera la altura permitida.
