El Congreso insta al Gobierno a aplazar la norma que obliga a recopilar más datos de turistas

La nueva legislación obligará a los alojamientos a recopilar pedir más datos de los turistas como información bancaria o parentesco entre viajeros

EFE

24 de octubre de 2024 (19:57 CET)
Turistas en Lanzarote en una imagen de archivo. Foto: La Voz de Lanzarote.
Turistas en Lanzarote en una imagen de archivo. Foto: La Voz de Lanzarote.

El Pleno del Congreso ha aprobado parte de una proposición no de ley del PP instando al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Real Decreto que establece la obligación para las agencias de viajes y alquiladoras de turismos de recopilar datos de los turistas, a partir del próximo 2 de diciembre.

El Real Decreto, amparándose en la seguridad ciudadana, obligará a recopilar muchos más datos de los turistas que hasta ahora. Entre ellos, la numeración de la cuenta bancaria y de las tarjetas de crédito de los clientes, así como su fecha de caducidad, o el parentesco con el resto de los integrantes de la reserva, entre otros.

La proposición, que ha sido votada por partes este miércoles tras el debate de ayer en el Pleno, ha registrado 177 votos a favor y 160 en contra en su punto primero, relativo a la petición de suspensión de la entrada en vigor de esta norma, prorrogada ya en repetidas ocasiones.

El Congreso ha dado también respaldo mayoritario (178 votos a favor y 163 en contra) a la exclusión de esta obligación de los viajes corporativos, el turismo de eventos (conocido como MICE por sus siglas en inglés) y los grupos, "para los cuales el cumplimiento resulta inviable".

Igualmente, ha aprobado la petición de que se revisen las obligaciones de recogida de datos financieros exigidos por el real decreto, por 179 votos a favor y 164 en contra.

La proposición no de ley del PP no incluyó entre los colectivos excluidos a las agencias de viajes, cuyas asociaciones representativas han sido las más beligerantes en contra de esta norma.

El diputado del PP Vicente Marí, en su defensa de esta suspensión dijo ayer durante el debate que la entrada en vigor de esta norma tendría un impacto "significativo" en la viabilidad de miles de negocios por las cargas administrativas que incorpora, ya que obliga a recoger hasta 80 datos diferentes en el caso de las alquiladoras de vehículos sin conductor.

Supone además, según el diputado popular, imponer a las empresas españolas obligaciones que no establecen otros estados europeos, además de que la aplicación informática desarrollada por el Ministerio del Interior "no funciona".

Por el Grupo Socialista, la diputada Araceli Poblador destacó que el año pasado 95 millones de personas eligieron España como destino turístico porque es "el país más seguro del mundo" y "este gobierno quiere que siga siendo así".

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