El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife ha emplazado a los ocupantes de los esqueletos de hormigón localizados en la parcela 214 de las avenidas de Las Palmeras y Del Mar de Costa Teguise a comparecer ante el Juzgado de Paz de Teguise para ser informados sobre el procedimiento judicial abierto contra ellos por la propiedad para desahuciarlos del lugar y construir un hotel de lujo.
Según la documentación a la que ha podido acceder La Voz, las familias notificadas tienen hasta el próximo viernes 15 de marzo para comparecer ante el Juzgado de Paz. Esta citación se les trasladó a las familias junto a dos fallos del Juzgado de marzo de 2024 que los instaba a identificarse ante el Juzgado y que ya fueron adelantados por esta redacción. En la actualidad, según ha confirmado la Oficina de Prensa del Juzgado, la causa continúa "en fase de emplazamiento" por lo que aunque hay un procedimiento abierto contra los ocupantes, aún no hay fecha para el desalojo.
La entidad Toscolanz SL, dedicada a la promoción inmobiliaria y con sede en Arrecife, solicitó en 2023 el lanzamiento de las familias de la propiedad para llevar a cabo el complejo hotelero de lujo Body, Mind & Health Hotel. Este establecimiento estará compuesto por "una cuidadosa selección de villas de lujo", según ha informado en la página web del proyecto
Asimismo, en octubre de 2024, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias selló un acuerdo sin aportaciones económicas con la empresa Toscolanz SL para "mejorar la cualificación profesional" de los empleados del futuro establecimiento hotelero, tal y como publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
De acuerdo con la denuncia pública del PSOE de Lanzarote en noviembre de 2024, el Cabildo de Lanzarote otorgó la licencia para construir este establecimiento hotelero de cuatro estrellas, con 170 unidades alojativas y un total de 407 plazas.
Tras casi dos décadas de inacción para lograr su derribo, este espacio se convirtió en refugio de cerca de un centenar de familias trabajadoras ahogadas por los precios del alquiler. "Lo que nos dicen los Servicios Sociales es que es una pequeña parte la que está en exclusión social y la que necesita ayuda. Eso es lo que nos trasladan y esperemos que sea la realidad", ha añadido la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, en su intervención en Radio Lanzarote-Onda Cero.
Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con Servicios Sociales del Cabildo para pedir colaboración con algunas familias que requieren de ayuda. "Hay muchas que están buscando otros sitios, que tienen la posibilidades de buscar otro lugar", ha continuado Duque. Marta (nombre ficticio), una de las vecinas que habita con sus familias en los esqueletos, narra que estuvo a punto de cerrar un contrato de alquiler en las últimas semanas, pero que finalmente el arrendador se lo alquiló a otra persona.
Un derribo que nunca se ejecutó
Un Juzgado anuló el 31 de octubre de 2005 la licencia de la parcela 214. Tras ello, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias requirió al consistorio que identificara a la empresa responsable de cumplir con el mandato judicial y demoler los esqueletos de hormigón construidos sobre la parcela.
En junio de 2022, la concejala socialista Jenifer Galán en julio de 2022 señaló que "el TSJC pregunta quién es la persona responsable de que no se haya ejecutado la sentencia y el Ayuntamiento responde que no tiene ni idea de esa resolución judicial, dejando a los pies de los caballos al procurador y a Felipe Fernández Camero, el abogado del Ayuntamiento y casero de Pedro San Ginés, quienes, supuestamente, no habrían dado traslado a la corporación del resultado del procedimiento judicial ni de los requerimientos posteriores" .
Tras décadas de inacción por parte del Ayuntamiento de Teguise, en noviembre de 2022, la entonces responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Olivia Duque (Coalición Canaria), actual alcaldesa del municipio, informó de que la propiedad se había negado a cumplir con la solicitud de derribo y que el consistorio iniciaría "las acciones pertinentes para acometerlo" por su cuenta. Esta decisión se llevó a cabo después de que el Tribunal amenazara al entonces alcalde de Teguise Oswaldo Betancort (CC) y actual presidente insular de "multas contra su patrimonio personal" por valor de hasta 1.500 euros. Entonces lo construido nunca se demolió.
