La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV ha presentado este lunes un extenso informe sobre la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, el cual, ha ido acompañado de números anexos y estudios externos a este respecto.
ASCAV es contundente: “Este proyecto, lejos de perseguir un consenso parece ser el proyecto de ley del enfrentamiento”.
"Desde el minuto uno, el 68% de la ciudadanía a la que se consultó públicamente (5.083 consultas) se manifestó frontalmente en contra del anteproyecto, tal y como se recoge en el propio Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias. Pero, no fueron los únicos, también se manifestaron en contra, no sólo ASCAV, sino también la FECAM, la FECAI, la CEOE, el Consejo Económico y Social, las Asociaciones de Agencias Inmobiliarias de ambas provincias, el Colegio de Administradores de Fincas, la Confederación Canaria de Empresarios, las Federaciones de la Construcción de ambas provincias y un largo etcétera", aseguran.
Afirman que "el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas refrenda que el 89% de las VV que existen en Canarias están en manos de pequeños propietarios. Que el 64% de las VV que existen en Canarias están en los 14 municipios turísticos. El resto, el 36% de VV de Canarias se encuentran repartidos en 74 municipios de las islas, en los cuales, las VV apenas superan el 2% del parque total de viviendas. Por tanto, la detracción de vivienda para los residentes es más que residual".
"La VV genera el 3% del PIB del Archipiélago y genera miles de puesto de trabajo. También el informe del Colegio de Economistas de Las Palmas refleja que los turistas que se alojan en VV generan mayor gasto fuera del alojamiento, un 51,4% frente al 34,85% de los hoteles", exponen. "Sin duda, este proyecto de ley va a perjudicar fundamentalmente al pequeño propietario", creen.
También declaran que se ha provocado un “efecto llamada pues, desde que se anunció el anteproyecto, se han registrado más de 15.000 nuevas altas 'por si acaso', que ni siquiera se están comercializando en plataformas".
"Muchas son las irregularidades y no sólo jurídicas. Entre otras muchas, la Consejería de Turismo afirmaba que este proyecto de ley no tendría impacto económico en las arcas públicas y la propia Consejería de Hacienda y relaciones con la UE lo desmentía tajantemente, afirmando que no sólo tendría un impacto directo en el IGIC por disminución de la capacidad alojativa, sino también por una disminución en la recaudación por IRPF, tal y como muestran los documentos que ASCAV acompaña a estas afirmaciones", defienden.
Asimismo, "tampoco se ha cumplido con la Directiva Bolkestein a nivel europeo. Concretamente, se ha vulnerado el artículo 15.7. Cualquier restricción a la libre prestación de servicios y actividades de cualquier norma, ha de ser comunicada a la Comisión y, esta ley incluye numerosas restricciones a la actividad de VV que no han sido comunicadas como establece la normativa europea", aseguran.
"Desde ASCAV, se ha desgranado artículo por artículo. Son numerosas las ilegalidades que no solo vulneran las competencias municipales y estatales sino, que también atentan contra la propia Constitución y normativa europea, como ya se manifestó. El objetivo para ASCAV está muy claro: “lo que se persigue es la eliminación de las VV de Canarias”, tal y como han afirmado desde el minuto uno", dicen.
Por ello, ASCAV ha pedido que se archive este proyecto de Ley y que se inicie un proceso “real” de consenso y diálogo activo para acordar entre todos un futuro texto. Se solicita que "se suspendan las nuevas altas de VV durante un tiempo máximo de un año para que no se siga provocando el “efecto llamada” que se ha producido desde que se ha promulgado el desarrollo de esta normativa".
ASCAV es muy clara y contundente a este respecto: “No más confrontamientos y no más imposiciones de imposible cumplimiento”. "Debemos ser capaces de lograr un consenso por el bien de todos, no sólo de los propietarios y gestores, porque esta normativa afectará a toda la ciudadanía", piden.
"Sin VV, ni los jóvenes, ni las familias, ni las clases medias canarias podrán permitirse viajar si el Gobierno de Canarias se doblega a las exigencias de las patronales hoteleras, que piden "menos oferta y más precio". Por tanto, no sólo afecta a un sector; sino al conjunto de la sociedad canaria", exponen.
"Una vez más, ASCAV tiende la mano al Gobierno de Canarias, como lo ha estado haciendo desde hace más de 13 años. Que se reconsidere el marco normativo, pero no desde la imposición y con carácter de urgencia. Está en juego el impacto económico que genera la vivienda vacacional en Canarias, que según la propia Consejería de Turismo se cifra en más de 1.700 millones de euros. Por tanto, hay que tener altura de miras y ser capaces de llegar a un acuerdo, no sólo con la única Asociación que defiende al sector. También por el resto de sectores, como rentacar, comercio, ocio, empresas de limpieza y mantenimiento, lavanderías, etc., que de manera directa o indirecta se nutren de los beneficios de esta actividad", finalizan.
"El turismo es patrimonio de todos los canarios y la vivienda vacacional es la única modalidad que redistribuye la riqueza entre las familias canarias y la comparte con todos los subsectores que se benefician de la misma. Además, aquí se cobran y aquí se pagan los impuestos correspondientes para que el conjunto de la sociedad se beneficie", concluyen.
