Solo el 4% de residencias temporales por arraigo en Canarias se vinculan a la formación

Las autorizaciones de residencia temporal por arraigo vinculadas a la formación se disparan y representan más de un 10% del total de las aprobadas en 2023 en España, si bien el dato en Canarias está muy por debajo de la media nacional (4%), situándose entre las comunidades que menos lo hacen.

Así se desprende de los últimos datos del estudio de Caixabank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que señala que las matriculaciones de extranjeros han aumentado en la Formación Profesional (FP), y que se ha publicado este lunes.

Según este informe, los estudiantes extranjeros representan el 9% del total de los matriculados en FP, sobre todo en el Grado Básico, donde se produce el mayor incremento: un 16% más en 2023 respecto al curso anterior.

Las matriculaciones de extranjeros en FP de Grado Medio aumentaron el 9,1% y las de Grado Superior el 7,5% en 2023.

El estudio de Caixabank Dualiza y Orkestra señala que uno de cada diez extranjeros que regulariza su residencia temporal en España por motivos de arraigo lo hace por formación y que los datos se han disparado.

Así, mientras en 2022 casi un millar de personas pudieron acceder al arraigo por formación, en 2023 esta cifra ha subido a 23.097 personas y representa el 10% del total de 210.334 autorizaciones aprobadas por arraigo.

Según el estudio, de esas autorizaciones por arraigo por formación, el 92,5% provenían de lo que se denomina una situación de irregularidad profunda, lo que quiere decir que no tenían ninguna autorización de residencia previa concedida.

El 70% de las concesiones fueron para hombres, el 30% restante para mujeres, y una amplia mayoría, el 41% tenían entre 25 y 34 años.

Por Comunidades Autónomas, el País Vasco es la que más autorizaciones por arraigo por formación ha concedido seguida de Murcia y Cataluña.

Por contra, Canarias es de las que menos autorizaciones ha concedido respecto al total, solo por delante de Cantabria (3,8 por ciento).

Estos permisos de residencia temporales requieren a los solicitantes cumplir con ciertos criterios, como estar en situación irregular durante al menos dos años y matricularse en un programa de formación reconocido.