El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno regional a implementar un paquete de incentivos para la contratación de empleadas del hogar y diseñar un plan de formación sobre los derechos laborales de este colectivo.
También ha respaldado la Cámara regional que se constituya en el Instituto Canario de Seguridad Laboral una comisión técnica del empleo en el ámbito del servicio del hogar familiar; implementar acciones para la prevención de riesgos y del acoso en este colectivo; y habilitar vías para que puedan trasladar a los sindicatos posibles vulneraciones de sus derechos laborales.
El promotor de esta proposición no de ley (PNL), el diputado socialista Gustavo Santana, ha enfatizado que "una vez el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 893/2024 por el que se regula la protección y la salud en el ámbito familiar, órganos como el Instituto Canario de Seguridad Laboral o el de Relaciones Laborales deben implementar acciones para llevarlo a la práctica".
Sobre la implementación de incentivos a la contratación de trabajadoras del hogar, ha recalcado que "protegería a estas empleadas y, de paso, contribuiría a aflorar una importante bolsa de economía sumergida y de fraude fiscal, que ha cifrado en unos 15 millones de euros".
Pese al voto afirmativo de su grupo, el Popular, la diputada Mónica Muñoz Peña ha acusado al PSOE de “empezar la casa por el tejado” al pedir la implementación en Canarias de un Real Decreto cuyo contenido depende en buena medida de la puesta en marcha de una herramienta informática de evaluación de riesgos de forma telemática.
La diputada popular ha expresado el apoyo de su partido al colectivo pero ha cuestionado algunas de las disposiciones del Real Decreto, una de ellas, que impone nuevas exigencias a los empleadores, “que no son empresarios”, lo que “disuadirá” la contratación de estas empleadas y llevará a recurrir a empresas especializadas.
Algo que ha afirmado ya está sucediendo, pues desde el pasado septiembre ha recalcado que se han dado de baja una media de 90 empleadas del hogar cada día.
Natalia Santana, del grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha expresado su temor de que lo acordado hoy se limite a “un brindis al sol” y no se acabe materializando lo pactado porque los diputados de CC y PP “no exigen a sus consejeros que lo lleven a la práctica.
Algo que, ha denunciado, ya sucedió con otras PNL aprobadas en el Parlamento relativas a la promoción de acciones de salud mental o al colectivo de las camareras de piso.
Francisco Linares ha justificado el respaldo de su grupo, el Nacionalista Canario, a esta proposición no de ley “no por oportunismo sino por convicción”, al ser las empleadas del hogar un colectivo “desprotegido, desinformado, muy poco formado, sin afiliación a ningún órgano de representación” y abocado a la economía sumergida.
Linares ha advertido de que el proceso de protección de este colectivo “no va a ser fácil”, porque “todo -lo que le concierne- ocurre de puertas de casa adentro”, y ha abominado de que “muchas mujeres en Canarias” sigan hoy trabajando “con uniforme y con cofia pero sin contrato”.
