Comienza una inspección de Trabajo para hacer aflorar 500 empleos sumergidos en Canarias

La investigación, que está priorizando hostelería y comercio, contempla sanciones en un rango que oscila entre 3.750 y 12.000 euros

EFE-EKN

4 de noviembre de 2024 (11:36 CET)
Actualizado el 4 de noviembre de 2024 (12:17 CET)
Una camarera trabajando. Hostelería.
Una camarera trabajando. Hostelería.

Canarias, la única comunidad autónoma que mantiene los refuerzos de la inspección para luchar con su estructural economía sumergida, prevé aflorar 500 empleos irregulares más con plan especial que empieza este lunes, con lo que llegaría a final del año con 5.000 trabajos regularizados.

Así lo han estimado el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Ramón Rodríguez, y el director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, al dar a conocer los detalles de este Plan Especial de Refuerzo de la Actuación Inspectora.

Esta actuación se desarrollará en las islas "por sorpresa" hasta el 24 de noviembre con la colaboración de 24 funcionarios venidos de otras regiones, también de Valencia y Castellón, pese a la dana mortal que ha afectado a esa comunidad, han resaltado y agradecido.

Rodríguez ha detallado que este plan especial supondrá la ejecución de un millar de actuaciones, cuyos resultados se estima que sean similares a los obtenidos el pasado año, cuando se logró aflorar un 10% del total.

Entre enero y octubre de este año la Inspección de Trabajo ha conseguido "sacar" en Canarias 4.584 empleos de la economía sumergida, una cifra que se prevé que llegue a los 5.000 con este refuerzo, que se piensa repetir el próximo año, según ha avanzado Rodríguez.

El director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, ha informado de que estas inspecciones contra la economía sumergida adicionales a las que se hacen a lo largo del año en las islas las llevarán a cabo inspectores y subinspectores, lo que supondrá el segundo plan de estas características que se promueve en la presente legislatura y el sexto que se hace en esta comunidad.

Para ello, se acudirá a centros de trabajo previamente seleccionados por los jedes de inspección por existir indicios de existencia de economía sumergida con el fin de aflorar empleos irregulares con sanciones que pueden oscilar entre los 3.750 euros por una falta de alta y los 12.000 euros, en el caso de un trabajador que esté cobrando la prestación por desempleo o de un extranjero sin permiso de trabajo, ha referido Guindín.

Aunque ha asegurado que "la economía sumergida afecta a todos los sectores" en las islas, las inspecciones se intensificarán en la hostelería, la restauración, los servicios y el comercio, al ser más protagonistas.

Detectar trabajadores que no estén dados de alta o que sí lo están pero muy pocas horas, esto es, la infracotización, los contratos parciales fraudulentos, trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo o extranjeros sin permiso de trabajo son los objetivos de estos planes de refuerzo.

Una vez iniciado el procedimiento sancionador "no hay segunda oportunidad", el empresario ha de regularizar al trabajador que mantenía en la economía sumergida, otra cosa es que, al día siguiente, le de baja, "cosa que ocurre algunas veces, en un 5% de los casos, ante lo que la Inspección también está atenta". 

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