La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la resolución por la que se concede una subvención directa y excepcional a los propietarios y/o armadores de buques de pesca afectados conflicto en Ucrania por 1,2 millones euros.
Desde febrero de 2022, las consecuencias derivadas de la agresión de Rusia a Ucrania, así como las sanciones impuestas y sus contramedidas han alterado los flujos comerciales y las cadenas de suministro con subidas de precios importantes en los costes de insumos como los piensos, hielo y combustibles.
Como explicó el titular del departamento, Narvay Quintero, esta ayuda está financiada exclusivamente por fondos propios del Ejecutivo canario y se destina a compensar las pérdidas económicas generadas por el aumento de los costes de los insumos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y 31 de julio de 2024.
Su concesión está condicionada a la aportación por parte de las personas beneficiarias de la documentación requerida en el plazo de cinco días siguientes a la publicación de la Resolución (27/12/2024). Esta se formalizará a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias ajustada a los modelos facilitados.
La cuantía de las subvenciones se ha calculado en base al número de días de descarga del buque pesquero, que para la modalidad de pesquero artesanal será un mínimo de 50 días.
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También deberán aportarse las notas de primera venta de capturas en Puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias expedidas por los puntos autorizados por la Dirección General de Pesca y notificadas al Servicio responsable de las mismas, que acreditarán un mínimo de 2.000 kilogramos de capturas en el periodo mencionado anteriormente.
En el caso de atunero cañero y palangrero se deberá cumplimentar al menos uno de estos dos parámetros (días de descarga o kilos declarados).
El armador-propietario o la empresa armadora del buque pesquero deberá estar dada de alta en el censo de la Flota Pesquera Operativa, con puerto base en el archipiélago y deberá acreditar los kilos capturados mediante notas de primera venta. Además, no deberá estar afectado por las sanciones que haya podido establecer la Unión Europea a raíz del conflicto.
Se requiere asimismo que tengan su domicilio social en España o que opere dentro del territorio nacional a través de establecimientos permanentes radicados en dicho territorio y que se hayan visto afectados por la crisis económica derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Si es armador o armadora se exige que exista autorización/contrato de arrendamiento del propietario o propietaria del buque pesquero para ello.
Asimismo, el Ejecutivo trabaja en la concesión de otra ayuda a la acuicultura por importe de casi 800.000 euros por el mismo concepto.