La primera fase del proceso de escucha y debate sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha concluido con la participación de más de 700 profesionales en diferentes foros y mesas de trabajo, según ha explicado el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda.
Miranda ha anunciado que antes de finalizar el año pondrá a disposición de los grupos parlamentarios un primer borrador para consensuar su aprobación.
El objetivo de la reforma es adaptarla a asuntos sobrevenidos después de su entrada en vigor en 2017, como la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, la agenda urbana, el reto demográfico, la normativa para combatir el cambio climático, los retos de la movilidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad económica y financiera de todo el sistema.
El consejero ha detallado el proceso vivido en los últimos seis meses, en los que se han sucedido encuentros con el personal del Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, además de con técnicos de municipios, cabildos y órganos ambientales, en un programa participativo coordinado por la empresa pública Gesplan.
La primera fase del proceso de debate y escucha dio comienzo a finales de 2023, durante la celebración del congreso anual de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), y ha terminado con la última de las tres jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, encuentro al que se han incorporado representantes de colegios profesionales, empresarios, sindicatos y colectivos ecologistas.
Primeras conclusiones
En concreto, han participado más de 200 técnicos municipales e insulares, así como una treintena de expertos de los órganos ambientales, además de unos 500 profesionales en las diferentes jornadas organizadas por las instituciones colaboradoras.
El consejero ha agradecido la felicitación pública manifestada por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) respecto al proceso de escucha, y ha reiterado que el Gobierno “va a ser el principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes”.
Miranda ha adelantado que, como primeras conclusiones, “se ha detectado que las administraciones locales requieren de mayor personal para aplicar la Ley”, y que es necesario “diferenciar entre instrumentos complejos de gran alcance y otras modificaciones de menor calado”.
El consejero también ha destacado que del debate generado se deduce que será imprescindible “aportar más claridad a algunos artículos interpretables” o “analizar el procedimiento de comunicación previa o la motivación de los proyectos de interés insular”.
