El Gobierno de Canarias ha acordado durante en Consejo de Gobierno, celebrado este lunes, modificar la cuota tributaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y bonificarlo en un 99,9%, devolviéndolo a la situación que había a 31 de diciembre de 2019. Esta decisión se ha tomado a propuesta de la Consejería de Hacienda y Asuntos Europeos, que preside Matilde Asián.
Asián considera que este impuesto, tal y como estaba concebido en estos últimos años, supone "una sobreimposición no justificada sobre la Renta porque se ha gravado cuando se obtiene, y sobre el Patrimonio, al gravarse cuando se ahorra". Además, a su juicio, "tampoco tiene sentido que en una Comunidad como Canarias, que posee un régimen fiscal con una tributación favorable, los canarios tengamos que pagar más por este concepto que en otras regiones españolas que sí tienen el impuesto bonificado".
Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, "la medida vendría a implementar lo previsto en el Pacto de Gobierno mediante el acuerdo para la mejora de la calidad de vida y modernización de Canarias que establece aplicar una política tributaria justa, progresiva y equilibrada que persiga, como objetivo fundamental, aliviar la presión fiscal del contribuyente y proporcionar liquidez a los ciudadanos en un contexto de alta inflación. Además, se reforzaría el ahorro de las familias y, con ello, que puedan adoptar las decisiones económicas que consideren oportunas susceptibles de relanzar la economía en su conjunto".
Con este cambio normativo se pretende, precisamente, proteger a las rentas medias y bajas que, fundamentalmente, se derivan de la renta del trabajo. Según expone el Gobierno, con los datos del Consejo General del Notariado, "en el año 2022 unos 2.000 canarios rechazaron los bienes que les llegaron por herencias de ascendentes o familiares, batiéndose un récord que sitúa a la Comunidad Autónoma entre las regiones con mayor porcentaje de herederos que declinan la sucesión debida, principalmente, a los costes que les supone la aceptación.
A esto hay que añadir los excesivos costes fiscales que supone el realizar una planificación fiscal para trasmitir los bienes por vía hereditaria (sucesiones) o inter vivos a título lucrativo (donaciones)". Así continúa: "Se trata también de paliar, en la medida de lo posible, el fuerte incremento en la imposición directa que supone la elevación que se ha producido en los valores de referencia de los bienes inmuebles tras la norma que entró en vigor el 1 de julio de 2021". Con este cambio normativo en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, nos homologamos con las regiones que tienen un mayor dinamismo económico, asegura el gobierno formado por Coalición Canaria, el Partido Popular y AHI.
