Tras nueve años de actividad en la isla, Canal Gestión Lanzarote sigue acumulando pérdidas millonarias. Si en 2020 ya tuvo un resultado negativo de más de 6 millones de euros, esa cifra se disparó en 2021, llegando a unas pérdidas de 15,7 millones de euros en un solo año.
Así lo reflejan las cuentas que ha presentado la empresa sobre el pasado ejercicio, y que muestran que en total, acumula ya unas pérdidas de casi 38 millones de euros.
De hecho, el informe advierte de “dudas significativas sobre el funcionamiento normal de la sociedad”, y subraya que la empresa matriz, Canal de Isabel II, ha tenido que realizar “préstamos participativos” por valor de más de 129 millones de euros “para restablecer su situación patrimonial”. Además, menciona un crédito con Canal de Isabel II S.A. “por importe máximo de 153 millones de euros, que le permitirá cumplir con sus compromisos de pago e inversiones”.
Respecto a las pérdidas del pasado año, el informe de auditoría lo achaca en parte a la crisis sanitaria por la Covid-19 y a la caída del turismo. Sin embargo, la cifra de negocio fue solo un 1% inferior a la de 2020 -cuando comenzó la pandemia-, y las pérdidas se han multiplicado por 2,5.
El otro factor al que apunta es “el efecto producido por la escalada de los precios de la energía en el segundo semestre del año”. En este caso, los gastos de Canal en consumo de energía pasaron de 11,4 millones en 2020 a 18,6 millones en 2021, con un aumento de 7,2 millones.
Reclama 7,7 millones por la actualización de precios
A lo que no hace referencia el informe es a las otras pérdidas, que son las que se producen en la red, y que se han disparado en los últimos años. De hecho, en 2021 Canal produjo 27.152.578 de agua desalada y solo facturó 10.485.897. Es decir, más del 61% del agua producida se perdió supuestamente en la red, lo que supone el peor dato desde que se tienen registros.
El informe sí habla sin embargo de la revisión de los precios al consumidor, que viene reclamando Canal desde 2017. Al respecto, recuerda que el contrato firmado en su día por Pedro San Ginés establecía que a partir de ese año se autorizarían subidas anuales por encima incluso del IPC (concretamente, el IPC más un 1%), pero luego no se llegó a cumplir esa cláusula.
La empresa fue entonces a los tribunales, que le han dado la razón en primera instancia, aunque el fallo está recurrido y a la espera de sentencia definitiva. En el informe, Canal sostiene que hasta diciembre de 2021 ha dejado de ingresar 7,7 millones de euros por no actualizar las tarifas como se estableció en el contrato, y reclama ser compensada por esa suma.
Baile de cifras con las inversiones
Respecto a las inversiones que también contemplaba ese contrato, sostiene que cuando terminó el plazo de cinco años acordado para ello, había invertido 54,4 millones en obras, aunque la mayoría aún no han sido validadas por el Consorcio del Agua.
“Al 31 de diciembre de 2021 se han llevado a cabo actuaciones de 59.387.000 euros, de las que 8.819.000 euros se encuentran en curso”, añade a continuación el informe, con una contradicción en las cifras. Y es que eso supone que al terminar 2021, realmente ejecutadas solo habría obras por valor de poco más de 50 millones, según Canal, cuando tendría que haber invertido 56 millones hasta 2018.
Una sentencia sin ejecutar que ordenó revisar la adjudicación
El informe auditoría también hace referencia a la sentencia dictada en 2016, que ordenó revisar la adjudicación del agua a Canal. Ese fallo concluyó que se produjeron “alteraciones sustanciales” de los pliegos en beneficio de esta empresa, cuando se declaró desierto en concurso y se recurrió a un procedimiento negociado, por consejo del abogado Ignacio Calatayud.
San Ginés no ejecutó en su día ese fallo y tampoco lo ha hecho el actual grupo de gobierno. Al respecto, el informe de Canal señala que ya en junio de 2019, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dictó una diligencia ordenando a la administración que llevara “a puro y debido efecto la sentencia en los plazos señalados por la Ley, practicando lo que exija el cumplimiento del fallo”. Y se remite a ello planteando que si el contrato fuera declarado nulo, “Canal de Isabel II, S.A. tendría derecho a una compensación” económica.
En concreto, basándose en un informe encargado por la propia empresa, señala que se le debería devolver “el importe correspondiente al canon inicial actualizado conforme al tipo de interés”, “el importe correspondiente a las inversiones ejecutadas”, “las pérdidas operativas o de explotación soportadas durante los ejercicios en los que haya ejecutado el contrato”, así como “la reparación de cualesquiera otros daños emergentes derivados de la nulidad”.
“La compensación anterior se determinaría en el procedimiento de liquidación del contrato”, señala el informe de cuentas de Canal, que también reconoce que para ello “podría ser necesario el ejercicio de acciones judiciales”, y que serían los tribunales quienes se pronunciaran.
En cualquier caso, añade que “a la fecha de formulación de la presente memoria, ninguna de las partes involucradas en el proceso (iniciado por Club Lanzarote S.A) ha incoado procedimiento para solicitar la declaración de nulidad del procedimiento de adjudicación de la concesión”.
Al hablar de la situación de la empresa matriz, el informe también hace referencia a las causas judiciales de corrupción en las que están inmersos varios directivos de Canal de Isabel II, aunque descarta que pueda tener consecuencias económicas para la empresa en caso de condena.
