La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado este jueves al Gobierno de España que “no retrase más la implantación efectiva” del permiso laboral retribuido para aquellos empleados públicos que deban atender a un hijo afectado por cáncer u otra enfermedad grave. La reclamación de la diputada nacionalista se produce por “el considerable retraso” que sufre la tramitación de un decreto desde el Gobierno estatal a pesar de la aprobación en el Congreso de una proposición no de ley presentada por Coalición Canaria el pasado 30 de mayo de 2024.
En esa reunión de la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso de los Diputados se aprobó, a propuesta de Cristina Valido, instar al Gobierno de España a desarrollar un marco normativo para regular este permiso laboral con criterios claros y objetivos para su concesión y evitando justificaciones genéricas para equiparar su regulación a la establecida para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia establecida también por real decreto en 2011.
De esta manera, según la iniciativa parlamentaria asumida por la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso tras la propuesta de Coalición Canaria, se pretende regular el derecho a fijar el porcentaje de reducción de jornada en función de las necesidades del empleado público para cuidar al hijo menor afectado por cáncer o por algún otro tipo de enfermedad grave.
“Tenemos que ser capaces de responder en tiempo y forma a esta demanda”, explica Cristina Valido, “porque desde mayo está aprobada la proposición no de ley, pero vemos que el Gobierno de España no está siendo todo lo ágil que requiere esta demanda social”. En este contexto, la portavoz nacionalista ha destacado que también es necesario que se regule el plazo de resolución de las solicitudes del permiso laboral para los trabajadores del sector público para equipararlo a la prestación regulada en 2011 para los empleados del sector privado y para los trabajadores por cuenta propia.
“Es imprescindible que la concesión del permiso laboral se base en las necesidades alegadas por el progenitor, así como en criterios médicos individualizados, y no por otros criterios arbitrarios o de naturaleza política porque generan desigualdad” en el trato laboral entre diferentes tipos de trabajadores, subraya Valido.
La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso también sitúa como asunto prioritario la simplificación en los trámites administrativos y en la solicitud de documentación adicional que afecte a la intimidad del menor, así como el visto bueno a la acumulación de jornadas y para la renovación del permiso laboral de forma automática en casos de enfermedades crónicas. “Otro factor importante, como se recoge en la proposición no de ley que se aprobó en mayo de 2024”, recuerda Valido, “es que no se tenga en cuenta la jornada del otro progenitor para la concesión del permiso por enfermedad de sus hijos”.
“En Coalición Canaria queremos impulsar una gestión humanizada de estos permisos, reconociendo la importancia de apoyar a las personas cuidadoras en su labor y evitar su estigmatización social considerando la salud mental del empleado público y el impacto emocional del cuidado a largo plazo de un hijo o hija con enfermedad grave”, explica su portavoz en el Congreso para reclamar también que se compensen las pérdidas económicas adicionales, como las retribuciones variables u oportunidades de promoción profesional, así como declararlo exento de IRPF al igual que en la prestación del derecho al cuidado del hijo con enfermedad grave ya regulado en el decreto de 2011.
Asimismo, Cristina Valido reclama un mayor nivel de transparencia sobre los datos de concesión y denegación del permiso laboral retribuido por cuidado de un hijo o una hija con enfermedad grave, al igual que lo hace el Ministerio de Seguridad Social. También, incide la portavoz nacionalista en el Congreso, la puesta en marcha de un organismo público que supervise la gestión del permiso laboral al igual que lo hace la Subdirección de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social dependiente del director general de Ordenación de la Seguridad Social.
“Porque ninguna de estas medidas se han empezado a poner en práctica, con lo que las madres y los padres de niños con enfermedades graves continúan viéndose abocados a recurrir a la vía judicial con el coste económico y de tiempo que supone”, señala Valido.
