La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó este lunes su Informe Anual sobre sobre las personas refugiadas en España y Europa. El país está a la cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de reconocimiento de asilo, precisamente en un año en el que siguen aumentando las necesidades de protección en todo el mundo.
La organización señala que la media "empeora cuatro puntos con respecto al año anterior hasta resolver favorablemente apenas el 12% de las solicitudes, mientras la media europea mejoró tres puntos hasta alcanzar el 42% de reconocimiento".
La entidad afirma que este retroceso contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de ACNUR. A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, como el genocidio en Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias.
Realidad migratoria en Canarias
El 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39.910 personas). Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006.
En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal. Además, destaca la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que el sistema de protección de las islas no está preparado, según el informe de CEAR.
En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores.
La organización destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida y se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED). Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín.
“Aunque en un primer momento sirvieron para descongestionar la situación, España debe contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las, cada vez más frecuentes, situaciones de grandes llegadas”, reclama Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias.
Además, denuncia que en términos de acogida la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania: “Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, comienza recordando el genocidio en Gaza, que hasta la fecha ha obligado a más de 1,7 millones de personas a huir de sus hogares. Destaca que Gran Canaria ocupa un lugar principal en la acogida de personas migrantes y refugiadas y que garantizar el acceso a la protección internacional debe ser una prioridad. Reivindica que establecer vías legales y seguras sería un eficaz golpe contra las mafias y las muertes en el mar. “A pesar de que la mayoría de las personas que llegan al archipiélago proceden de Latinoamérica nos preocupa la peligrosidad de la ruta canaria”, concluye.
Por su parte, el consejero de Solidaridad Internacional y Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, señala que “hay que seguir denunciado las causas que provocan esta situación porque si solo atendemos a los efectos no se cambia el sistema“.
El coordinador territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, recuerdó que el informe no solo describe una terrible realidad, sino que plantea propuestas para mejorar la vida de las personas refugiadas y migrantes. “Es fundamental salir de la emergencia y darle importancia al enfoque estructural de este fenómeno”. En Canarias las solicitudes aumentaron un 17% respecto al 2022, alcanzando las 8.621. De estas la mayoría de las personas procedían de Venezuela, Colombia y Cuba, y a mayor distancia se encuentran países africanos como Senegal y Mali. Insiste también en el reto que tiene Canarias con la infancia migrante no acompañada. “La situación es inasumible para el archipiélago, y nos topamos con la incomprensión de otras comunidades autónomas”, señala.
Para finalizar la ronda de intervenciones, Mor Camara, solicitante de asilo senegalés, comparte que la primera vez que vio el mar fue en la ruta canaria. Tuvo dificultades para que su familia aprobara su decisión al ser menor de edad y le llevaron bastantes meses llegar a poder coger la patera. Su familia trabajaba en la agricultura y él veía que su padre trabajaba cada vez más y debido a la sequía las cosechas iban cada vez peor con lo que no veía horizonte vital en su país. Ahora trabaja en un centro de menores, forma parte de un equipo de fútbol y se siente tranquilo y esperanzado.
Un Pacto devastador para el derecho de asilo
En su informe CEAR también analiza las consecuencias devastadoras que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.
Respecto a esto, Antonio Morales señala que, a pesar de no aprobar la totalidad del contenido del Pacto, se debe garantizar su aplicación. Por su parte, Carmelo Ramírez considera que este no afronta las causas y no propicia cambios en los países empobrecidos para evitar que la gente se vea obligada a emigrar.
Sin embargo, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección. “El resultado de las elecciones europeas es preocupante porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo. Esperamos que España impulse un cambio de rumbo para situar en el centro a las personas y sus derechos", plantea Juan Carlos Lorenzo.
