Los menores no acompañados son solo el 1% de los escolares canarios

El Gobierno de Canarias solo escolariza a la mitad de los menores migrantes no acompañados que tutela

EFE

17 de octubre de 2024 (11:23 CET)
El consejero de Educación, Poli Suárez, durante su intervención en el Pleno del Parlamento 1
El consejero de Educación, Poli Suárez, durante su intervención en el Pleno del Parlamento 1

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha dicho este jueves en comisión parlamentaria que en Canarias hay unos 2.400 menores migrantes no acompañados que están escolarizados, menos de la mitad de los que la administración tutela y ha añadido que solo el 1% de los escolares de las islas son menores no acompañados.

En respuesta a la diputada de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza acerca de cuántos de los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que tutela Canarias están escolarizados, el consejero ha explicado que se trata de estimaciones porque en la gestión de la matrícula no hay un campo para identificar la situación.

Según los datos estimativos de septiembre de este año, unos 2.400 alumnos menores inmigrantes no acompañados están escolarizados en el archipiélago canario, la mayoría en ESO y en el ciclo de formación de grado básico.

El consejero ha indicado que el 1% de los alumnos de las islas lo integra el colectivos de menores inmigrantes no acompañados, y ha añadido que "en torno al 50% de los menores que tutela la comunidad autónoma están escolarizados".

El curso pasado se atendió en Canarias a unos 2.200 menores no acompañados, la mayoría de los cuales tenía menos de 16 años, y se les proporcionaron unas 1.666 horas de apoyo idiomático, y el consejero ha hecho hincapié en que "son especialmente necesarias medidas para su adaptación, en particular porque muchos no han estado escolarizados".

También ha destacado la relevancia de que reciban Formación Profesional para que puedan trabajar en el territorio europeo, y ha destacado que se trata de la "punta del iceberg" en el que es necesario que colaboren otras comunidades autónomas para compartir esfuerzos, y que el Gobierno central sea corresponsable financieramente. 

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