La organización sin ánimo de lucro Oceana critica al Gobierno de España por incumplir los objetivos de conservación marina del proyecto Life Intemares. Después de pedir una extensión a la Unión Europea, ahora el plazo se extiende hasta junio del 2026. Esta prórroga del proyecto, que debía concluir este año, supone "una demora más del cumplimiento de los plazos legales para trazar planes de gestión para áreas marinas protegidas, lo cual prolonga una situación de ilegalidad en algunas zonas".
La creación de nuevas áreas protegidas, ya consensuadas por la comunidad científica, "también sufriría retraso, lo que podría implicar incumplir el objetivo europeo de proteger un 30% de las aguas españolas para 2030".
La Ley de Pesca Sostenible obliga al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a coordinarse con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para gestionar la pesca dentro de áreas marinas protegidas. La falta de entendimiento entre ambas carteras en esta materia pone en peligro la integridad de los ecosistemas por los que se protegen estas zonas.
“El proyecto Life intemares, que ha recibido 50 millones de euros de los ciudadanos europeos durante ocho años, debía haber abordado la situación de 94.000 kilómetros cuadrados de parques de papel, áreas teóricamente protegidas que llevan sin plan de gestión más de seis años, que es el límite legal. Hábitats y especies vulnerables, como cetáceos y corales, están amenazados por el inmovilismo por parte del Gobierno respecto a la gestión de las áreas protegidas. Oceana pide que el Ministerio de Pesca garantice medidas de gestión efectivas, como la eliminación de artes de pesca destructivas de los espacios protegidos”, señala la bióloga marina de Oceana en Europa, Silvia García.
El mapa destaca la superficie marina española afectada por retrasos administrativos vinculados al proyecto Life Intermares, compuesta por áreas protegidas que esperan su plan de gestión (en naranja), así como por áreas cuya protección sigue pendiente (en rojo).
Ecosistemas como los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, los corales bambú del Seco de los Olivos y los arrecifes de coral blanco del Cañón de Avilés se ven afectados por la pesca de arrastre. La tardanza en establecer medidas de gestión también afecta a áreas destinadas a la protección de cetáceos, como sucede en el corredor migratorio que recorre parte del Mediterráneo y en Canarias. En ambos enclaves existe riesgo de colisión de estos mamíferos con diferentes embarcaciones.
España tiene un 22,3% de superficie marina protegida y la gestión de casi la mitad está pendiente de LIFE INTEMARES. Además, la mayoría de los planes de gestión de las áreas marinas protegidas en nuestro país están desfasados o excluyen medidas para regular la pesca1, lo cual es ilegal.2Los futuros planes deben prohibir la pesca dañina e incluir zonas de protección estricta para salvaguardar los hábitats y especies más vulnerables.
El proyecto Intemares
Dotado con 49,8 millones de euros, Life Intemares es uno de los mayores proyectos de conservación marina de Europa. Su objetivo es establecer medidas de gestión para la red Natura 2000 marina, así como completarla con la declaración de nuevas áreas protegidas para asegurar la representatividad y coherencia de la red. El proyecto comenzó en enero de 2017 y debería concluir ocho años después, en diciembre de 2024. Según su cronograma, los planes de gestión deberían haberse aprobado para diciembre de 2021 y la declaración de nuevas áreas protegidas, para diciembre de 2022.
Oceana participa en el comité científico del proyecto, que presentó una propuesta que permitiría alcanzar el 30% de protección de las aguas marinas españolas, como establece el Convenio para la Diversidad Biológica. De las áreas propuestas para su declaración como Lugares de Importancia Comunitaria durante la vigencia del proyecto, siguen pendientes seis: montes submarinos del Canal de Mallorca, Cañón del Tiñoso y Seco de Palos, sistema de cañones tributarios de Cap Bretón, área marina de los bancos y gargantas del Mar de Alborán, oeste del Estrecho de Gibraltar y este de Lanzarote-Fuerteventura.
La Directiva Hábitats requiere que los Lugares de Importancia Comunitaria cuenten con medidas de gestión como máximo en seis años después de su aprobación. Los retrasos de Intemares afectan al corredor migratorio de cetáceos; a los sitios Natura 2000 de la Comunidad Valenciana; a 24 zonas canarias y del Estrecho Oriental; y a las diez áreas de LIFE + INDEMARES, su proyecto predecesor, que fueron aprobadas por la UE entre 2015 y 2016.
