Más de un centenar de expertos de Canarias y las comunidades autónomas de Aragón y País Vasco han consensuado un documento con 51 medidas que pretenden promover el desarrollo económico "sostenible" en Canarias. Estas mesas de expertos han sido objeto de polémica y tildadas por los colectivos convocantes de la manifestación del pasado 20 de abril como "un parche" al no contar con las opiniones de la población para llevarlas a cabo. El Ejecutivo canario ha anunciado esta medida dos días antes de las nuevas movilizaciones programadas para este domingo 20 de octubre en las zonas turísticas de las islas.
En la mañana de este viernes, en rueda de prensa, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, la presidenta de la FECAM, Mari Brito y el actual presidente de la FECAI, Sergio Rodríguez, presentaron el documento de conclusiones que “ha sido fruto del diálogo y debate entre especialistas, funcionarios, asociaciones empresariales y sindicales, ecologistas, tercer sector, expertos universitarios, juristas y representantes públicos en un ejercicio de consenso inédito en las islas”.
Alfonso Cabello calificó este documento como una oportunidad para que el desarrollo económico sea sostenible y repercuta en el conjunto de los canarios y canarias, “teniendo en cuenta que las islas viven dos realidades diferentes, aquellas que están densamente pobladas y las que no lo están, y dentro de ellas las zonas con más población y las que podríamos llamar vaciadas”.
En este sentido, tanto Sergio Rodríguez como Mari Brito, coincidieron en que las medidas que se impulsen “deben ajustarse a la realidad de cada una de las islas y de los municipios, contando con ellos para su legislación y aportando recursos para permitir tanto a cabildos como ayuntamientos su ejecución”.
“Las islas tienen retos comunes, objetivos por los que luchar en conjunto como el cambio climático, el binomio energía-agua, pero hablamos de dos canarias distintas, que aunque vayan a dos velocidades no puede quedarse ninguna atrás”, enfatizó Rodríguez.
Desde la FECAM, Brito celebró “que se nos hayan tenido en cuenta para participar en estas mesas de trabajo, a la vez que reivindicamos que nuestras propuestas se materialicen”.
La presidenta enfatizó en que es necesario que se respete el principio de cogobernanza y que se tengan en cuenta el principio de diferenciación a la hora de adaptar medidas, “porque no todos los municipios tienen la misma realidad”. A este respecto, reiteró la solicitud de que “se escuche a los municipios canarios que transmitimos la realidad más cercana y abogamos porque cada canario, viva donde viva, tengas las mismas oportunidades”.
Cinco mesas: reto demográfico, fiscalidad y empleo turístico, transparencia, acceso a la vivienda y protección del medioambiente
Las mesas se organizaron en torno a cinco temas: el reto demográfico, la fiscalidad y empleo en el sector turístico, la transparencia en la protección y el desarrollo del territorio, el acceso a la vivienda y la protección del medio ambiente. Mientras tanto, las 51 medidas se someterán a un proceso de participación pública “al que se invita a la sociedad civil a participar con sus aportaciones en la página web del Gobierno de Canarias que se activará el 21 de octubre hasta el 15 de noviembre”. El documento será presentado en la II Conferencia de Presidentes y las conclusiones finales incluidas en el dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el reto demográfico.
Una de las ideas que han abordado todos los grupos de trabajo es “la necesidad de revisar todo el marco legislativo actual para que concuerde con los objetivos trabajados, en relación con la Ley del Suelo o la Ley de Ordenación Turística, por ejemplo”, explicó Alfonso Cabello, que se refirió al "desfase" que existe entre la realidad actual y la legislación vigente.
En cuanto a la transparencia en la gestión del territorio, se ha destacado la necesidad de contar con una Oficina Virtual para facilitar la gestión de los procedimientos, contribuyendo a mitigar la falta de medios de las administraciones locales.
Asimismo, se propone elaborar un estudio y análisis de los espacios intensamente ocupados, respecto de la capacidad que tiene el territorio y los recursos para establecer estrategias y ubicaciones donde localizar soluciones a la vivienda, infraestructuras y servicios que logren un mayor equilibrio y cohesión territorial.
En materia de vivienda, las soluciones propuestas pasan por "la gestión eficiente de las licencias urbanísticas" contando con los ayuntamientos y los cabildos para promover una transformación real en los plazos, y contar con un catálogo de suelo disponible para la construcción de viviendas protegidas, tanto en suelo público como privado.
Hay que destacar que en las conclusiones se coincide con lo aprobado en el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda “que ya permite que, el suelo destinado a otros usos, como el dotacional, el de equipamientos o las parcelas no edificadas de uso turístico a residencial, pueda reorientarse a la construcción de viviendas protegidas, siempre que las necesidades locales lo permitan”, apostilló el viceconsejero.
Las medidas para facilitar el acceso a la vivienda están centradas en diseñar medidas fiscales que beneficien tanto al arrendador como al arrendatario para incentivar el alquiler, también bonificaciones en la compraventa de vivienda y promocionar el uso de la Reserva de inversiones (RIC) para la construcción de viviendas protegidas y destinadas al alquiler asequible, “que no ha funcionado correctamente porque faltaba la revisión de los precios de los módulos”, argumentó.
Es cierto que “resulta imprescindible la incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler con medidas que garanticen el cobro de la renta, que esta sea ajustada por zonas y con la habilitación de seguros para su mantenimiento, dotando de mayor protección a los propietarios, y en este sentido ya se está llevado a cabo el aprovechamiento del parque edificatorio existente con destino residencial, con las convocatoria de VISOCAN para comprar vivienda vacía y rehabilitar”, detalló.
Sector turístico
Alfonso Cabello incidió en la en necesidad de revisar el marco legislativo turístico “para dar respuesta a la nueva realidad que estamos viviendo, y de ahí nace la ley de uso turístico de vivienda y la propuesta de revisión de la Ley de Ordenación Turística”.
Los recursos turísticos de las islas deben considerar a la población local como uno de sus polos de referencia y hacerla partícipe de sus beneficios, para los que se podría establecer el cobro por acceder a parques naturales y nacionales, “ similar al sistema que tiene Lanzarote”, apuntó Cabello
Es fundamental la formación, clave para evitar el desempleo y la despoblación y cada administración avanzar, en virtud de sus competencias, “en mejorar las retribuciones y fomentar la conciliación laboral, la prestación de servicios de guardería y transporte, con horarios adaptados al sector turístico”, enumeró.
Para fijar la población en el ámbito rural, que tiene que ser protegido “se deben establecer mecanismos fiscales y/o tributarios que también promuevan empresas, el empleo y la generación de riqueza con el acompañamiento de la formación de trabajadores y empresarios.” añadió el viceconsejero de Presidencia, insistiendo que “las administraciones públicas en Canarias deben favorecer que se visibilice el entorno rural en todas sus políticas y facilitar la generación de ingresos con una fiscalidad diferenciada”.
Medioambiente
Como una de las medidas principales en el grupo de trabajo sobre protección del medio ambiente, se ha avanzado en un borrador del Decreto de Participación Local en el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable que ha tenido en cuenta las aportaciones presentadas por los siete Cabildos Insulares y la FECAM.
Además de mejorar la ordenación de los accesos en los espacios naturales protegidos y su vigilancia y la renaturalización de los entornos urbanos y periurbanos y la elaboración de los Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible.
Reto Demográfico
Alfonso Cabello anunció la creación de un Observatorio del Reto Demográfico, como herramienta que sirva para desarrollar políticas de concienciación, transparencia y acceso a la información, que facilite la gestión y planificación de los recursos públicos y oriente la aprobación de políticas públicas, “para que no vuelva a suceder lo que ha pasado; no podemos legislar de espalda a la evolución de la población”, sentenció
Por último, se promueven planes de movilidad y transporte publico adaptados a las condiciones reales de la demanda, sobre todo del medio rural, para garantizar la conectividad y accesibilidad entre núcleos; recuperar el plan de desarrollo rural sostenible, específico para los municipios de menos de 10.000 habitantes; promover proyectos de innovación tecnológica, como la industria aeroespacial, a islas como Fuerteventura o La Gomera; y fomentar la capacitación digital.
