La diputada del Común, Lola Padrón, ha afirmado este martes que no se puede permitir y "va más allá de lo aceptable" que la administración canaria tarde cuatro años en reconocer una discapacidad, y ha denunciado que la Dirección General de Discapacidad no ha remitido la información solicitada tras abrir esta institución una investigación de oficio.
El procedimiento de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad tiene que estar resuelto en seis meses, de acuerdo con la legislación vigente, recuerda la diputada del Común, pero el Gobierno de Canarias tarda cuatro y hasta cinco años.
Un plazo que va en aumento, como suben las quejas en esta área que presenta la ciudadanía ante la Diputación del Común, un 80% más en once meses de 2024 que las registradas en todo 2023, según los datos facilitados.
Lola Padrón ha hecho un llamamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a todas las administraciones y a la sociedad para facilitarles el acceso a la educación, al empleo, a los servicios de salud, al transporte y a los espacios públicos.
"Hay que actuar con urgencia y no podemos esperar a estudios ni diagnósticos, hay que poner una solución ya", ha enfatizado la diputada del Común en un escrito.
El proceso para reconocer una discapacidad se demora cuatro y hasta cinco años y se caracteriza por la burocracia excesiva, la falta de personal especializado, la demora en la valoración de las solicitudes y la falta de transparencia en el proceso, según denuncian los afectados ante la Diputación del Común.
De hecho, el área de discapacidad es la que más quejas tramita, y aumenta un año detrás de otro: en 2019 hubo 125 quejas, en 2020 hubo 144, en 2021 subieron a 208, en 2022 a 274, en 2023 a 310 y en once meses de 2024 son ya 563.
Esto supone que las quejas en los primeros once meses de 2024 son un 80% más que en todo 2023 y un 350% más que hace cinco años.
El motivo principal de queja es esa demora de años en la resolución del grado y en la revisión del grado de discapacidad, imprescindible para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes a esa situación.
Otras quejas se dirigen a la accesibilidad y las dificultades que imponen a las personas con discapacidad las barreras físicas, sensoriales y cognitivas, así como la necesidad de plazas residenciales y de atención.
La falta de reconocimiento de la discapacidad lleva a que personas con 95 años con problemas graves de movilidad no puedan contar con una tarjeta de estacionamiento para el transporte de personas con discapacidad, cita Lola Padrón como ejemplo de las consecuencias de la tardanza burocrática.
Otro ejemplo: hay menores de edad escolarizados que necesitan que se reconozca su discapacidad para poder acceder a terapias y adaptaciones sin las cuales no podrá desarrollarse adecuadamente.
"Para todas estas personas los plazos de demora suponen un sufrimiento añadido a su situación de discapacidad y una pérdida de oportunidades difícilmente reparable", advierte la diputada del Común.
Para Lola Padrón, los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) encargados de realizar la valoración y calificación del grado de discapacidad soportan un volumen de demanda ciudadana muy superior al que pueden gestionar.
Por eso se inició una investigación de oficio, para "dimensionar adecuadamente el personal con que cuentan los EVO y la Dirección General de Discapacidad", así como la demanda real y listas de espera que existen en dicho servicio.
"Esa información no ha aún sido atendida por la Dirección General de Discapacidad", denuncia la diputada del Común.
Lola Padrón apunta como posibles soluciones más personal, revisar y simplificar los procedimientos administrativos, promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar claramente a los solicitantes sobre el estado de sus solicitudes.
Canarias, según datos del Instituto Nacional de Estadística, es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, 115 por cada mil habitantes.
Se estima que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a unas 212.000 personas, de las cuales el 56% son mujeres y el 44% hombres.
Aproximadamente el 30% de las personas con discapacidad están desempleadas, una tasa superior a la de la población general.
