Canarias prepara un protocolo para que los ayuntamientos soliciten las zonas tensionadas

En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Rodríguez ha informado de este protocolo, que será similar al que ya ha aprobado el País Vasco

EFE

8 de abril de 2024 (15:28 CET)
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Foto: Gobierno de Canarias.
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Foto: Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias se dotará en un plazo de un mes un protocolo para que los ayuntamientos presenten la documentación e informes pertinentes si quieren solicitar la declaración de zonas tensionadas en sus municipios, ha anunciado este lunes el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC).

En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Rodríguez ha informado de este protocolo, que será similar al que ya ha aprobado el País Vasco, y ha señalado que aún están a tiempo ya que no han recibido ninguna petición.

Rodríguez ha explicado que, en cualquier caso, han cursado una consulta al Ministerio de Vivienda sobre la ley estatal para que aclare qué organismo, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, es la que debe redactar esos informes, al tiempo que ha indicado que una vez que se presenta la petición es la Consejería la que debe pronunciarse si procede o no la declaración.

El consejero ha hecho hincapié en que el hecho de una declaración de zona tensionada no implica la limitación de los precios de alquiler de las viviendas, ya que lo que la ley de vivienda establece son medidas extraordinarias.

Según Rodríguez, de hecho el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo se ha adelantado a la ley estatal con el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda al declarar la emergencia habitacional en todo el archipiélago y establecer medidas para resolver el problema.

Este decreto ley se ha aprobado en un "tiempo récord" pero "no es el punto y final de las políticas de vivienda, sino una medida más".

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