El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves mantener todas las restricciones que están vigentes actualmente en el archipiélago después de que decaiga el estado de alarma el próximo domingo. Para ello, ha anunciado un decreto que se publicará este viernes en el Boletín Oficial y que remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que deberá avalarlo.
No obstante, el presidente, Ángel Víctor Torres, ha señalado que ese decreto entrará en vigor desde la misma noche del sábado al domingo, a la espera del pronunciamiento judicial. En caso de que el TSJC lo rechazara, el Gobierno canario podría recurrir ante el Tribunal Supremo. Ésa fue la puerta que abrió el pasado martes el Gobierno central, para intentar "unificar" criterios y que cada territorio no dependa de la decisión del tribunal de su comunidad.
En cualquier caso, Torres ha señalado que confían en que el decreto sí reciba en primera instancia el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. "Hay un precedente que no tiene que hacernos pensar que no se vaya a ratificar", ha apuntado en referencia a Baleares. Esta comunidad ya había decidido las medidas que pretende mantener y este mismo jueves ha conocido la decisión de su TSJ, que ha sido favorable. No obstante, la votación se ha resuelto con el voto a favor de tres magistrados y el voto en contra de otros dos.
Las medidas que se amparaban en el estado de alarma y que ahora requerirán del aval judicial son las que afectan a derechos fundamentales, concretamente los de movimiento y reunión. En el caso de Canarias, pretende poder mantener el toque de queda, la limitación de las reuniones en grupo, el control con pruebas de Covid en los puertos y aeropuertos y el cierre perimetral, en caso de que volviera a ser necesario en alguna isla. La otra medida que se pretende conservar y que necesita respaldo de los tribunales es la de restringir el aforo en los lugares de culto, ya que afecta a otro derecho fundamental.
"Todavía hay cifras que demandan que haya ciertos controles"
“Nuestra voluntad es controlar la pandemia y todavía hay cifras que demandan que haya ciertos controles”, ha defendido el presidente canario, que ha subrayado que el “deseo” del Gobierno es que “baje la contagiosidad” y no sea necesario mantener ninguna restricción.
Al respecto, ha adelantado que el próximo jueves se volverá a revisar la situación, y se seguirá haciendo cada semana, para analizar qué medidas es necesario mantener o si se puede ir eliminando alguna. Pero en cualquier caso, ha insistido en que es necesario “poder arbitrar mecanismos ante cualquier repunte”.
De hecho, en el caso de los cierres perimetrales, actualmente no hay ninguno en vigor, ya que solo se establece en los niveles de alerta 3 y 4, y ahora no hay islas en esa situación. Sin embargo, el Gobierno quiere mantener abierta esa posibilidad por si vuelve a ser necesario.
Así, lo que pretende mantener es el actual sistema de semáforos por islas, con las mismas medidas que hay actualmente aprobadas para cada nivel, en función de cómo evolucione cada una. “Lo que queremos es que no vayamos para atrás”, ha subrayado Torres, que ha insistido especialmente en la necesidad de seguir exigiendo una prueba PCR o un test de antígenos a las personas que llegan a Canarias desde la Península. No obstante, la última decisión está ahora en manos de los tribunales, que tendrán que decidir si las restricciones que se plantean están justificadas o no.
