El Consejo de Gobierno de Canarias, durante su reunión semanal, ha apoyado la proposición de ley formulada por los ayuntamientos de Teguise, Yaiza y Tías, así como otros municipios de las islas como San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria; Arona, Adeje, Guía de Isora, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, en Tenerife; y Pájara, La Oliva y Antigua, en Fuerteventura, para establecer un marco legal que regule los municipios turísticos de Canarias. Además, el Ejecutivo regional ha dado traslado del acuerdo al Parlamento canario.
La iniciativa legislativa aborda aspectos como los requisitos y procedimientos para la adquisición o pérdida de la condición de municipio turístico, los derechos y obligaciones específicos derivados de esta consideración y la organización administrativa complementaria de estas localidades.
Entre las finalidades que deben cumplir estos municipios turísticos destacan el incremento de la condiciones de habitabilidad, prestando especial atención a la renovación y mejora del entorno urbano turístico y a la diversificación, renovación y mejora de la oferta turística existente.
En cuanto a las obligaciones, el texto recoge la conservación y potenciación de los espacios libres de uso público y sus equipamientos, -especialmente de zonas verdes, parajes naturales, playas, instalaciones deportivas, parques públicos, centros de ocio y de esparcimiento colectivos-; y la adopción de medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje.
De igual forma, se establecen actuaciones para potenciar la movilidad sostenible. Además, se señala que deberán dedicar una parte de los ingresos procedentes del uso de los recursos turísticos a su mantenimiento y a establecer canales de comunicación para que los grupos de interés planteen mejoras o alerten de malas prácticas en el ámbito turístico, con la finalidad de erradicarlas progresivamente.
El Gobierno de Canarias ha demostrado de manera reiterada su compromiso con el diálogo y la participación social para trabajar por el bienestar general de la ciudadanía canaria, constituyendo además un instrumento de buena gobernanza y de calidad institucional.
