El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde en su reunión de este lunes a tramitar por el procedimiento de urgencia el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. La futura ley de vivienda vacacional no ha estado exenta de polémica desde la publicación de su borrador. Incluso, la Fundación César Manrique aseguró que "estaba alineada con los hoteleros".
La consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León, se refirió a la “necesidad de contar de manera inmediata con una regulación transversal e integral que aborde el fenómeno de la vivienda vacacional desde la perspectiva de la sostenibilidad”, explicó.
De León precisó que “se trata de culminar la elaboración de esta norma, con rango de ley, para garantizar la adecuada protección del derecho constitucional a una vivienda digna; la protección y preservación del entorno urbano; la adecuada calidad de vida de toda la ciudadanía; la correcta planificación y ordenación de la actividad turística en el ecosistema insular y, en definitiva, garantizar que la actividad turística se desarrolle de acuerdo a las mínimas exigencias de desarrollo sostenible, y no de una manera absolutamente improvisada, espontánea e incluso errática”, apuntó.
La Consejería de Turismo y Empleo sometió el pasado mes de abril el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda a información pública y trámite de audiencia. Durante ese proceso se recibieron 3.033 alegaciones que se encuentran en proceso de estudio y valoración.
Actualmente el número de viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico asciende a 58.447, lo que representa un total de 244.613 plazas de alojamiento.
Entre otras afecciones colaterales del fenómeno de la vivienda vacacional, la consejera enumeró problemas crecientes de gentrificación y de turistificación derivados del incremento exponencial de viviendas de residencial a turísticas, afectando a numerosos núcleos de población de Canarias, además de a la construcción de edificios enteros destinados a este uso.
Por otro lado, hizo hincapié en “las unidades de explotación turística que se han derivado a viviendas vacacionales incumpliendo el principio de unidad de explotación y el uso para el que fueron autorizadas y construidas”.
“La implantación de viviendas vacacionales se ha hecho, no ya al margen, sino en contra del planeamiento urbanístico y territorial, desvirtuando y desmoronando el modelo de desarrollo urbano democráticamente aprobado por la ciudadanía y en ausencia total de planificación turística”, manifestó.
Para la consejera de Turismo y Empleo “este hecho pone en riesgo el futuro inmediato del empleo; la fiscalidad; la competitividad y la calidad del sector turístico en Canarias, además de la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático por el desplazamiento de la población residente de los núcleos tradicionales y el aumento de la necesidad de transporte”, concluyó.
